Nabarralde	NABARMENA
Juan del Barrio
La vivienda destruye el territorio
La desaceleración de la construcción de viviendas en el estado español nos muestra un panorama contradictorio: Por una parte genera problemas derivados del propio parón relativos a puestos de trabajo directos e inducidos, además de reducción de beneficios en las empresa del ramo: constructoras, fabricantes, inmobiliarias e incluso los propios ayuntamientos metidos de lleno en la locura inmobiliaria de los últimos años. Por la otra nos anuncia algo que en teoría debería alegrarnos y es que ya no se seguirá destruyendo el Medio Ambiente a la misma velocidad que hasta ahora. Pero como la construcción de viviendas ha sido en las últimas décadas el motor de la vida española a nivel económico, político y laboral, su parón afectará a sectores muy sensibles y de gran poder político y económico que controlan aspectos fundamentales de la vida social, periodística, laboral etc. Esto se traducirá -como ya lo estamos viendo- en que el gobierno central y los autonómicos además de los ayuntamientos, se pongan "manos a la obra" para garantizarles con obra pública civil el bajón que se experimenta en el sector de la vivienda. Lo importantes es que el hormigón y cemento se sigan consumiendo, aunque no se pueda demostrar la necesidad y viabilidad de los proyectos y menos todavía su sostenibilidad. Las viviendas construidas en España alcanzaron una media de 500.000 unidades anuales entre los años 1998 y 2005. En el 2006 y 2007 fue de alrededor de 800.000. Estas cifras son mayores de las que se edifican en Alemania, Italia, Francia y Gran Bretaña juntas y representan un tercio del total de Europa. Esta fiebre constructora no se justifica por la necesidad real de vivienda, sino por la especulación, beneficios rápidos y como no por la corrupción, ya que alrededor del 20% del parque inmobiliario español está en desuso, o sea que las viviendas están cerradas, aunque esto no es impedimento para que se siga construyendo… Por otra parte, la proporción de alquileres en relación a Europa sigue siendo ridícula. El Gobierno de Navarra también quiere colaborar con la "cofradía del hormigón y cemento" relanzando nuevos proyectos que garanticen el sector. Así apuesta por la meseta de Donapea para activar la construcción de 4.000 viviendas en contra de la opinión del Ayuntamiento de la Cendea de Galar. Como el proyecto monstruo de Guendulain les ha cogido a contrapié por la desaceleración económica, la caída del mercado inmobiliario y la crisis financiera, son ahora proyectos más humildes los que lo sustituyan. La actividad urbanística es una de las principales causas de destrucción de la superficie forestal, que en la última década se ha reducido en el Estado español en 250.783 ha (una superficie similar a la provincia de Bizkaia). Además es una de las actividades que más contribuyen al calentamiento del Planeta debido a los gases de efecto invernadero que genera todo el proceso de fabricación y construcción de viviendas. También genera destrucción del Patrimonio, tanto paisajístico como arqueológico. La fiebre inmobiliaria está creando una presión urbanizadora que nos deshace el territorio de arriba abajo. La Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro planteó criterios de sostenibilidad plasmados en la Agenda 21 que no se cumplen, aunque todos los proyectos vayan acompañados de la etiqueta "sostenible". El fututo lo estamos hipotecando con estas políticas de "desarrollo y crecimiento" a cualquier precio, cuyo impacto ecológico y medioambiental que supone la construcción masiva y salvaje ya lo estamos comenzando a sufrir, aunque esto solo sea el principio. * Juan del Barrio / Lurra, Asociación en Defensa de la Tierra