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Mikel Sorauren de Gracia. Historiador.

En esta España que nos ha tocado sufrir, la forma de gobierno más corriente ha sido la Dictadura intermitente.

En la década de 1920 correspondió el mando en plaza -y en el resto- al Excmº. Don Miguel Primo de Rivera. El citado tuvo una inclinación enfermiza por cubrir con asfalto los tradicionales caminos de herradura que unían las provincias con la capital de la Monarquía, reduciendo el buen gobierno a su trabajo de caminero mayor del Reyno. Por supuesto, siempre hacía las cosas bien y no era amigo -tampoco- de que se cuestionase su bien-hacer. Los plumillas de la época se las ingeniaban para la crítica En cierta ocasión un diario de los de entonces diseminó a lo largo de sus paginas, a modo de separador de párrafos, la expresión ...gobernar, no es asfaltar... .

Sus sucesores actuales por lo civil, como lo es al presente Don José Maria Aznar, han reconvertido la pasión por el asfalto en querencia por el hormigón -betún que dicen los franceses- y se encuentran empeñados, y lo consiguen habitualmente, en poner paredes al campo, como la presa de Itoiz, seccionar el campo mismo con las estructuras viarias y convertir el subsuelo urbano en un emmental suizo, saturado de aparcamientos, sin ninguna consideración por los restos artísticos y arqueológicos. A los actuales gobernantes -y lo mismo cabe decir de Felipe González- se les llena la boca con la expresión visión de Estado. En realidad ésta se concreta en potenciar la acumulación de las grandes empresas, con aspiraciones a multinacionales, mediante la concentración empresarial; aprovechando las concesiones de grandes obras públicas y operaciones de especulación financieras.

En el terreno propagandístico se proclama la unidad de España bajo el nuevo orden democrático. A este nuevo orden se opone E.T.A. y -en general- el Nacionalismo vasco etnicista. El sistema ha hecho bandera de la lucha anti-terrorista, aprovechando la indignación justificada que produce en la ciudadanía la pertinacia de tal organización en atentar contra bienes materiales y vidas humanas. Esta circunstancia lleva a los gobernantes a justificar la represión sobre el conjunto de la izquierda abertzale, a hostigar permanentemente al nacionalismo moderado y a imponer una manera de ver la realidad uniforme; calificándose de traidor y desleal a quien disiente.

Es el mismo poder nacido de la violencia franquista el que decide quién es víctima y quién no merece serlo, atendiendo a la peculiar percepción que los gobernantes tienen de quienes han sido objeto de violencia y reconociendo únicamente este carácter a los que considera que son muertos suyos. En este sentido, siguen ignorando todas las víctimas de la represión a partir de la desaparición del Dictador Franco porque, en definitiva, no pueden ocultar que son sus albaceas testamentarios y que han impuesto lo que denominan Democracia mediante la violencia y el amedrentamiento de una sociedad que ansiaba la tranquilidad y el progreso material.

Nada se ha opuesto, y opone, a las pretensiones del poder tanto como las aspiraciones soberanistas de Euskal-Herria -Navarra-; de ahí el reduccionismo tan ramplón al que han llegado en su visión de Estado. Aznar recuerda por su manera de dirigir el Estado a un hijo de papa a quien han regalado un potente coche nuevo. El niño pijo se ha sentido satisfecho al volante, apretando el acelerador a tope, cuando le ha tocado marchar por una autopista nueva, amplia y sin dificultades... Ha llegado a pensar que era mérito suyo y exclamado ...España va bien; la economía va bien... Cuando la autopista ha terminado y toca marchar por un carretil de tercera, mal asfaltado, con curvas y fuerte pendiente, se ha comportado como el conductor altivo e incompetente que es. Ya no funciona el flamante coche, que ha averiado su ignorancia, y recurre sin mala conciencia a las disculpas de los malos conductores. Él ha actuado como debía... Los demás son unos oportunistas al criticarle... Nadie era capaz de resolver los problemas que se le han presentado en la conducción...

Lo que queda patente en esta manera de actuar es la falta de perspectiva de Estado de los gobernantes de la democracia española. Todos ellos -los presentes y sus antecesores- defienden la necesidad de estructurar un Estado potente y unificado, como garantía para hacer frente, con mayor eficacia, a los retos planteados por el mundo actual de la globalización. La unidad de las Comunidades autónomas, bajo la dirección del Gobierno del Estado, permite una mayor acumulación de medios. El uso racional de los mismos posibilita el alcance de objetivos más amplios en beneficio del conjunto, en modo alguno alcanzables -se afirma- con la dispersión de fuerzas que supondría la fragmentación del actual Estado español... De ahí lo pernicioso del Nacionalismo vasco que pone en riesgo este proyecto colectivo.

Todo palabrería de charlatanes, porque no se pretende otra finalidad con el conjunto de estos recursos que conceder mayores facilidades a los grupos sociales y colectivos que controlan los procesos de concentración financiera que tienen lugar en el Estado. A decir verdad se descuida olímpicamente una planificación del Estado que plantee la potenciación del espacio y colectividades del territorio en su conjunto. Se ha descuidado totalmente la atención de los recursos tradicionales y su renovación con la mirada puesta en que siguieran siendo viables y competitivos. Agricultura, pesca, sectores cooperativos artesanales e industriales; en los que una adecuada inversión en I + D habría permitido modificaciones estructurales de las bases económicas que fomentarían un crecimiento sostenido, diversificación y organización territorial. Tales estructuras se encontrarían en mejor disposición para hacer frente a las crisis. Todos estos aspectos se han descuidado, con el pretexto de que no resultaba rentable la renovación de las bases económicas previas. Únicamente se ha prestado atención a las operaciones de especulación; operaciones que han permitido los grandes fraudes, pagados siempre por el conjunto de la ciudadanía, con alto precio financiero y traumático coste social.

Todo lo que precede lo ha puesto de manifiesto, desgraciadamente, la situación creada por el Prestige. A pesar de existir medios técnicos sobrados; a pesar del alto riesgo que existía de que sucediese una situación de esta índole -situación que en ningún caso era novedosa en Galicia-, el Gobierno español, el Estado, carecía de plan y medios para hacer frente a la misma. Barcos especializados de otros Estados han abordado el problema, mientras el Gobierno español se ha mostrado incapaz de actuar. Al final ha sido la sociedad civil quien ha hecho frente a la situación. Los propios afectados y el voluntariado.

La lección es clara ¿Qué utilidad tiene un Estado que no puede responder a un problema que afecta tan brutalmente a los recursos materiales de tantas colectividades? ¿Cuáles son los verdaderos objetivos de este Estado; el conjunto de la ciudadanía que forma parte de él, o quizás solamente determinados grupos y comunidades, que se benefician de una real centralización por encima de la cacareada estructura autonómica del mismo?

En definitiva, gobernar no es asfaltar..., ni dejar que el chapapote se adueñe del mar.