El tiempo se agota

EL cambio climático será el protagonista, a partir de hoy y hasta el 17 de noviembre, de la vigesimotercera Conferencia sobre Cambio Climático (COP23) que tendrá lugar en Bonn, en unos momentos en que las cosas no van nada bien en relación con el principal problema ambiental de alcance planetario que tenemos en la actualidad. No en vano, desde Naciones Unidas se ha criticado con dureza la diferencia “catastrófica” entre las promesas estatales de limitación de gases de efecto invernadero y las acciones necesarias para contener el calentamiento global a menos de dos grados. Según Naciones Unidas, “los compromisos actuales de los estados cubren apenas un tercio de las reducciones de emisiones necesarias, lo que está ya provocando el aumento de las temperaturas, las lluvias torrenciales y la proliferación de fenómenos extremos meteorológicos en general”.

En el plano meteorológico, cabe destacar que entre 2000 y 2016 el número de desastres relacionados con el clima (huracanes, inundaciones, sequías…) aumentó en un 46%, según los científicos de Naciones Unidas. Y aunque reconocen que no se puede atribuir de forma certera todos estos fenómenos al cambio climático, si estiman posible su relación y hay pocas dudas de que en el futuro haya un aumento de la frecuencia y gravedad de estos desastres naturales.

Por otra parte, la Organización Meteorológica Mundial emitió hace unos días un informe, que publicó este diario, en el que decía que la concentración de dióxido de carbono (CO2) -principal gas responsable del cambio climático– aumentó en 2016 a niveles récord. Según la OMM, actualmente la concentración de CO2 en la atmósfera representa el 145% de los niveles preindustriales. Pero lo alarmante del informe es que no solo aumenta la concentración, sino el ritmo de acumulación del principal gas de efecto invernadero. Y a pesar de que en los tres últimos años se ha logrado estabilizar el volumen total de emisiones, gracias entre otras cuestiones a la influencia positiva que ha tenido el cambio del uso del carbón en China y las políticas energéticas de otros países asiáticos, como India, que están parando las nuevas instalaciones de centrales térmicas de carbón y reduciendo la quema de este combustible fósil.

Una postura muy diferente a la que practica el Gobierno español, que a pesar de la advertencia de que los datos son cada vez más alarmantes sobre el aumento de la concentración de los gases de efecto invernadero, sigue poniendo por delante los intereses de las empresas que queman combustibles fósiles, favoreciendo a los negocios que apuestan por las energías sucias y sin implicarse en acelerar una transición energética hacia un sistema inteligente, basado en las energías renovables.

Una de las peores noticias Sin duda, el dato de concentración de CO2 y el ritmo de acumulación de este gas es una de las peores noticias de 2017 en materia ambiental porque indica que el planeta está lejos de cumplir sus compromisos del Acuerdo del Clima de París, aprobado en diciembre de 2015. De seguir, así las cosas, se estima que el aumento de la temperatura puede llegar a tres grados centígrados para 2100, lejos por tanto de la meta del Acuerdo de París, en el que se fijó como objetivo limitar el calentamiento a dos grados centígrados, aunque los Estados se comprometieron a hacer todos los esfuerzos necesarios para no rebasar 1,5 grados, respecto a la temperatura de la época preindustrial.

Un incremento de la temperatura media de la atmósfera por encima de los dos grados centígrados respecto a los tiempos preindustriales implicará una alteración drástica de los parámetros climáticos y supondrá un desastre impresionante para el mundo que recibirán las siguientes generaciones, así como para el resto de formas de vida existentes en la biosfera.

Las dificultades para cumplir con el Acuerdo de París sobre el cambio climático se producen antes de que Estados Unidos haya renunciado a sus compromisos. Esto hace que la situación todavía sea más desalentadora. En el plazo de unas décadas, de aquí a 2050, se ha de llevar a cabo una profunda transformación del sistema energético que ha imperado en los últimos dos siglos y medio. La única forma de hacer esa transición energética es con una mayor movilización y presión de millones de personas, que permita superar las muy poderosas resistencias al cambio por parte de los intereses políticos y económicos imperantes en la actualidad que se oponen a ello. Concretando, eso supone impulsar y empujar para que se haga un mayor esfuerzo para la reducción de gases de efecto invernadero con inversiones en las tecnologías adecuadas en los diversos sectores de la sociedad, como en la agricultura, en los edificios, en la energía, en la silvicultura, en la industria y en el transporte. Gran parte del potencial de inversión se centra en la energía solar y eólica, los equipos eficientes, automóviles limpios, forestación y freno a la deforestación. Si esas medidas se hicieran masivamente, estaríamos bien orientados a cumplir con el Acuerdo de París, y llegar a alcanzar la promesa que hicimos a nuestros hijos de proteger su futuro.

El contraste en el estado Volviendo a la política energética del Gobierno español, y a pesar de su adhesión y firma del Acuerdo de París, llama la atención el ritmo demasiado lento y poco ambicioso con que está realizando la elaboración de la Ley de Cambio Climático, que es donde se deben plasmar los objetivos estatales de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, en consonancia con los objetivos acordados en la capital francesa.

Por otra parte, hay que señalar que el Estado español es líder en aumento de emisiones absolutas en la Unión Europea (UE), con un incremento de más de 47 millones de toneladas de CO2 con respecto a 1990. Esta cifra supone un incremento en la tasa de emisiones de un 16,6%, lo que sitúa al Estado español como uno de los cinco estados de la UE en los que han aumentado las emisiones durante este período.

Al menos, algunas comunidades se han adelantado, como son los casos de Euskadi, que aprobó en 2015 la Estrategia de Cambio Climático del País Vasco-KLIMA 2050, y que es el instrumento compartido por todos los departamentos del Gobierno vasco, que ha supuesto un hito ambiental para el País Vasco ya que cuenta con una herramienta propia para afrontar los desafíos futuros de la climatología; Catalunya, cuyo Parlamento aprobó el pasado 27 de julio la Ley de Cambio Climático, y Nafarroa, donde el Gobierno de esa comunidad ha elaborado la Hoja de Ruta del Cambio Climático, que se trata de una herramienta transversal que permitirá al Ejecutivo foral y a la sociedad navarra tomar medidas para adaptarse a esta realidad, ajustando los efectos esperados en el clima para moderar los impactos, así como reducir las fuentes de emisión de los gases de efecto invernadero.

De esta manera, las citadas comunidades están avanzando por su propia cuenta en la hoja de ruta para asegurar que se cumplan los compromisos del Acuerdo del Clima de París, planteándose el objetivo de reducir las emisiones al menos en un 80% en 2050.

DEIA