¡Es cierto! La ikurriña fue pensada como bandera de Bizkaia por Sabino Arana, quien diseñó otras tantas para los diversos territorios históricos a integrar en Euzkadi, además de otra que representaría al Estado vasco a construir. Tal hecho en modo alguno tuvo lugar en el Café Iruña de la capital del extinguido Estado de Navarra. Todavía en 1932, Luis Arana, hermano de Sabino se rebelaba en contra de quienes pretendían hacer de la Ikurriña la enseña de toda Euskal Herria. Fueron las circunstancias azarosas de 1936 -además del acuerdo social de quienes se oponían a los militares españoles y adláteres- los factores que facilitaron esta exaltación. La identificación con esta enseña -bicrucífera la denominaban los fascistas- de parte de los diferentes sectores políticos opuestos al franquismo y la enfermiza obsesión de los franquistas en perseguir cualquier seña de identidad vasca la constituyó en símbolo que recogía el conjunto de las reivindicaciones irrenunciables del Estado de Navarra, por el momento restringido a Nación no soberana, Euskal Herria.
La actitud del sistema político que sucedió a Franco con relación a la ikurriña, denota las limitaciones del mismo en su pretensión de Estado de Derecho, ajustado a los principios básicos con que es entendido en la teoría jurídica internacional. La exhibición oficial de la ikurriña ha sido prohibida en el territorio de la C.F.N.. De mayor gravedad es que se persiga -con violencia por lo demás- a quien la exhibe como muestra de libre adhesión a un proyecto político, el reflejado por tal enseña. Aducir que esa exhibición contraviene la legalidad, es un argumento que condena a quien lo sostiene. Hemos asistido a situaciones conflictivas en la C.F.N. mientras ha dominado incontestablemente la administración U.P.N., que se han traducido en agresiones de determinados cuerpos policiales a quienes levantaban la ikurriña. La burgalesa Barcina -al parecer en los tiempos actuales en Madrid- se obstinó en impedir que los pamploneses mostraran la citada enseña. ¿Resultado? Heridos y detenciones por resistencia a la autoridad. De nuevo nos encontramos ante un hecho que aumenta la gravedad de lo que constituye un abuso de autoridad. Es la decisión del “Poder Judicial” que le lleva a ignorar la infracción legal de parte de esa autoridad y la víctima la ciudadanía ejerciendo el derecho a la libre expresión.
Los jueces de estos lares podrán presumir de conocimiento de códigos y reglamentos. Lamentablemente parecen desconocer los principios en que se sustenta un sistema jurídico democrático. Es el caso que las declaraciones de derechos humanos proclamadas a partir de la época de las revoluciones modernas que abrieron el camino a los sistemas representativos y a los democráticos actuales, insistieron particularmente en el derecho del individuo a expresarse con libertad. Estos principios se traducirán en la proclamación de los derechos humanos de las Naciones Unidas. El conjunto de estos principios proclama el derecho individual y colectivo a actuar con libertad en el seno de la colectividad. La libertad implica la igualdad previa de las personas y poder actuar con la misma autonomía que los demás. En ningún caso concede que una mayoría pueda restringir mediante leyes los derechos de quienes son menos. No parece que estas particularidades sean entendidas por quienes han aparecido como mayorías políticas en este territorio denominado Comunidad Foral de Navarra (C.F.N.). Los defensores del denominado “Amejoramiento” han impuesto el marginamiento político de quienes plantean una alternativa para la C.F.N. en un marco diferente, que incluya las gentes y territorios históricamente vinculados entre sí que configuraron la Navarra original, como Estado soberano y entidad nacional. El derecho a defender tal propuesta constituye la base de los principios proclamados por las declaraciones arriba aludidas que deben ser asumidos insoslayablemente por todo Estado de derecho democrático. Al menos esta es la presunción de los que son reconocidos como tales. Supone, en definitiva, por lo que nos afecta a nosotros, que la prohibición legal de exhibición de la Ikurriña y de cualquier referente que se reclame de planteamientos vascos, contradice flagrantemente lo que reclama el derecho internacional de obligación universal.
En esta cuestión de las banderas somos muchos quienes consideramos que es más acorde con la trayectoria histórica de nuestro país la recuperación de la simbología que creó el Estado Navarro. Cualquier proyecto que pretenda alcanzar el reconocimiento nacional de los territorios y gentes que aglutinan Euskal Herria debe remitirse a lo que fue el Estado de Navarra, Estado al que han impuesto su soberanía la Francia y España del presente. Es por ello que considero mejor símbolo de esta entidad política la bandera roja con barras amarillas a que se referirá el cronista Correa, acompañante del Duque de Alba en la conquista de 1512, por lo demás el escudo histórico de Navarra. No tiene mucho sentido debatir sobre origen y entidad histórica de unos símbolos que en su formato actual son muy recientes, porque constituye una realidad universal y la mayoría de los elementos simbólicos que enarbolan las colectividades contemporáneas son de diseño o consolidación moderna. No me extenderé en este punto. Otro capítulo de la materia toca a la diferente percepción que se aprecia en el seno comunitario de la C.F.N. en relación a la entidad e identidad de lo que sea Navarra, aspecto este que rebasa el conflicto de las banderas y símbolos en general. Los puntos de vista con respecto a los límites de la comunidad, idioma, expresiones folklóricas y culturales, modelo de organización territorial y ámbito de pertenencia humana en general, ofrecen planteamientos de una oposición irreconciliable: configuración de entidad autonómica única, integración en España frente a Navarra soberana, castellano frente a euskera, sociedad democrática que ordene el territorio y utilice los recursos materiales en beneficio de todos los navarros y elimine su supeditación a los intereses españoles… Son estos los verdaderos factores conflictivos que se pretenden ocultar tras la cortina de banderas y otras.
Raya en lo ridículo el discurso que han creado sobre Navarra los autoproclamados navarristas. Percibiendo lo desastroso de la gestión que han desarrollado y al objeto de no verse obligados a reconocer de manera explícita que no han tenido en cuenta, sino los intereses afines y permitido la manipulación del Estado español de los recursos de Navarra, han exacerbado las mendacidades de ese discurso hasta la esquizofrenia y terminado por asumir como verdad lo que no deja de ser su propia creación; expresión de una realidad inexistente, como a ellos les gustaría que fuera. Todo culminado en la descalificación de los adversarios, mediante la manipulación de los hechos, forzando hasta lo inverosímil los hechos con la pretensión final de permitir su encaje en determinadas figuras jurídicas delictivas. Los miembros de U.P.N., ahora en la oposición parlamentaria y administrativa, reclaman que les sean aplicadas a sus contrarios de manera arbitraria, como sucede con el caso de las dietas de la presidente del gobierno de Navarra, Uxue Barcos, obviando que la ley debe tener un carácter universal. Al parecer esta gente tiene mucha confianza en ser atendida en el seno de la magistratura.
