Nos hemos bien empeñado que en Catalunya tenemos un problema lingüístico, por lo que de vez en cuando nos ponemos a discutir si necesitamos o no una ley del cine, si el catalán debe ser un mérito o un requisito para trabajar en el mundo universitario, o si es necesario o no que haya inmersión lingüística en las escuelas. Pero no nos engañemos, nosotros no tenemos un problema lingüístico. Arrastramos un problema político y ahora uno judicial. Nosotros no tenemos un problema lingüístico porque si uno va por la calle, si uno pisa las escuelas del país, si visita las aulas, se da cuenta rápidamente que si hay algún conflicto no es precisamente el de la lengua. La inmersión es la espina dorsal de un sistema escolar que funciona y el eje vertebrador de una sociedad que si por algo se ha caracterizado hasta ahora es por la integración. Sólo se ha convertido en problema cuando se ha politizado. Porque, no nos engañemos, la inmersión lingüística no es nada. Es un síntoma de normalidad. ¿O es que en España no hacen inmersión lingüística cuando escolarizan en castellano? ¿O en Francia cuando la escuela pública enseña en francés? Hacen lo mismo que hacemos nosotros. Lo que pasa es que ellos no lo deben llamar inmersión porque tienen un Estado detrás. Nosotros no. No sólo no tenemos un Estado detrás sino que lo tenemos en contra. Si lo tuviéramos a favor, tendríamos unas leyes tan plurinacionales y plurilingüísticas que de ninguna manera nos estaríamos planteando dejarlas. Pero no. Y ahora estamos donde estamos. Han abierto la vía judicial y todo un sistema educativo está pendiente de unos magistrados. Nos darán la razón a medias y nosotros, acostumbrados como estamos a recibir porrazos, ya verán cómo aún los acabaremos aplaudiendo.
