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Tortura, nadie sale indemne PDF Imprimir E-mail
José Félix Azurmendi   
Martes, 26 de Diciembre de 2017 16:02

Se me presentó en el despacho de Egin José Ramón Goñi Tirapu, entonces concejal socialista de Irun en el equipo de Julen Elgorriaga y luego gobernador civil de Gipuzkoa, para denunciar que el estado de la ropa hecha llegar por un hermano suyo detenido mostraba a las claras que había sido maltratado. Venía a nosotros, aunque no éramos santos de su devoción, porque sabía que El Diario Vasco no se haría eco de su denuncia. En los inicios de la transición, aquel PSOE vasco-navarro todavía tenía memoria. He recordado estos días también que ERNE fue creado en el despacho de Juan Alberto Belloch, entonces juez en Bilbao, en presencia con toda seguridad de dos de sus consejeros más expertos en cuestiones vascas, uno al frente de los tribunales de la CAV hoy y el otro muy conocido ideólogo y preso de la ETA del franquismo, quien conocía muy bien por tanto cómo trataba la dictadura a sus opositores con la complicidad necesaria de jueces, obispos, medios de comunicación y sus extensiones policiales. A estas alturas de la historia, supongo que hasta los del PP reconocerían sin problemas que en ese tiempo no se respetaban ni los derechos humanos ni la verdad.

Recuerdo haber sustentado la tesis, en los primeros 80 -cuando nadie ponía en duda quelo del Norte era una guerra en toda regla, cuando los expertos Cassinello y cía teorizaban abiertamente sobre el conflicto y los remedios a aplicar- que si jueces y fiscales se hubieran aplicado a garantizar los derechos de los detenidos, a ETA le hubiera resultado imposible convencer a los suyos de la necesidad de la lucha armada;que era como decir que, visto lo visto, no era difícil convencer a una parte de la sociedad de que nada había cambiado con la “modélica”, que era preciso desenmascarar la tramposa transición;que era justificable, explicable y entendible al menos el enfrentamiento con todos las armas disponibles.

Al hilo de la noticia sobre los miles de casos de tortura documentados que el informe encargado por el Gobierno vasco ha hecho públicos, un tertuliano del programa que Klaudio Landa presenta en ETB, poco sospechoso de complicidades separatistas, se empeñaba en explicar sin éxito el efecto reclutador de militantes de ETA que la tortura había tenido. Creo que no le faltaba razón, al margen de sus intenciones. Han sido bastantes, dentro de esta lógica, los que han reflexionado también sobre la responsabilidad de los gobernantes en el alargamiento del conflicto, la violencia y el terrorismo con la creación de los GAL. Ni han faltado los que lo han reconocido como exitoso a la hora de implicar a la administración francesa en la lucha contra ETA. Seguramente no son posiciones contradictorias.

Del informe encargado por el Gobierno vasco a la EHU/UPV que ha dirigido Paco Etxeberria y se limita a la Comunidad Autónoma Vasca, se puede decir que, con toda probabilidad, son todos los que están pero no están todos los que son y que son muchos más los que no están que los que están. Las razones para no prestarse a dejar testimonio de sus torturas son de muy diverso signo. Pueden explicarse en lo que se conoce como el síndrome del torturado, que no quiere revivir unos momentos ocultados muchas veces a los más próximos, o simplemente que no confía en la utilidad de hacerlo ni en la buena fe del investigador. Dicen los estudiosos de este tormento que nadie sale indemne, que deja secuelas físicas y psíquicas, que son a la postre las más permanentes y graves. Recuerdo haberles oído a Etxabe y Eskubi, activistas muy destacados y emblemas ambos de ETA en dos momentos diferentes, que ellos no se dejarían coger vivos porque no estaban dispuestos a pasar de nuevo por las manos de Melitón Manzanas. Juanjo contaba que le habían dado tantas hostias cuando le detuvieron en Donostia que no hubiera podido responder a lo que preguntaban ni aunque hubiera querido. Se puede sostener, sin embargo, que la tortura de los policías y guardias civiles que les perseguían era salvaje y brutal, pero menos sofisticada que la que trajo la democracia: aquellos no tenían que dar explicaciones a nadie y a estos se les pedía que no dejaran pruebas y les entrenaban para ello. Los diez días de incomunicación y aislamiento que la Ley Antiterrorista permitía daban tiempo para arrancar o armar información y para adecentar al detenido antes de pasar ante el juez, que tampoco estaba muy interesado en averiguaciones.

Para contribuir a los “casos” recogidos en el informe del Gobierno vasco, aportaré el de Ana. Siendo ministro del Interior Juan José Rosón, detuvieron en Donostia en la calle y por las bravas a una trabajadora de nuestro diario a la que estaban empeñados en atribuir una participación en ETA a todas luces indemostrable. Ana, que así se llamaba, poseía una fuerza moral fuera de lo común y fue de las pocas personas que he conocido capaces de escribir días después de ser trasladada a la cárcel de Yeserías para rebatir en el diario El Paíslas notas que el Mando Único para Lucha Antiterrorista había emitido. Además de afear al diario su conducta por no haber contrastado con ella la versión policial, aportaba la suya: “Fui detenida en San Sebastián por dos personas de paisano que no se identificaron, metida en un coche que conducía una tercera, trasladada a la Comisaría de Indautxu y luego a la Dirección General de la Seguridad del Estado en Madrid. Mis abogados poseen cinco partes médicos en los que se certifica el estado lamentable en que llegué a Madrid”. El ministro Rosón no tuvo más remedio que explicar luego al consejero de Interior del Gobierno vasco que se había debido todo a un reprochable comportamiento de unos funcionarios muy presionados por la situación que se vivía entonces, mayo de 1982. Sabía Rosón que Ana era hermana de la esposa del consejero. También lo sabía el diario El País.

Un par de aportaciones más para unir a los muy conocidos “casos” de Joseba Arregi, Mikel Zabalza, Unai Romano y, mucho antes, Amparo Arangoa, que por evidentes no necesitaron demostración. Esteban Muruetagoiena Scola, ondarrés, se desempeñaba como médico en Oiartzun cuando fue detenido bajo la acusación de haber curado a un militante de ETA herido. Tras diez días de incomunicación en Madrid, fue puesto en libertad, pero ya no era él. Decía incoherencias, veía policías en sus amigos, no sabía dónde estaba: a nivel psicológico, estaba derrumbado. Al cabo de unos días, murió: su corazón no aguantó. Una persona detenida junto a él y torturado como él explicó que lo sufrido obedecía a una práctica sistemática, amparada por una impunidad sustentada en la incomunicación de diez días con sus noches;por un sistema jurídico que despojaba al detenido de todos sus derechos y por la labor incompetente, cuando no cómplice, de ciertos médicos forenses. Cuando Paco Etxeberria se autocriticaba, sabía de qué hablaba. Hasta que optaron por cerrarlo y refugiarse en Intxaurrondo, desde el cuartel de la Guardia Civil de El Antiguo o desde el de La Salve de Bilbao se colaban en ocasiones a la calle gritos de dolor. En una de ellas, incluso la Audiencia Nacional y El Paísse hicieron eco y ofrecieron como hecho probado el relato “espeluznante” de Joaquín Olano tras su paso por esas dependencias. Hablaba el relato de la aplicación de electrodos, de la provocación de la sensación de asfixia por los métodos de la bañera y la bolsa de plástico, de la amenaza de violar a la esposa del detenido y de numerosos y repetidos golpes con los puños, los pies y un listín telefónico. Decía la información de El País que en ese cuartel existía un balancín construido artesanalmente con una tabla y unas correas para amarrar el detenido que permitía a los torturadores dosificar cómodamente la sumersión del torturado en el agua. Decía la información que las torturas a Olano se repitieron durante la noche del 29 de julio de 1983 en momentos y escenarios distintos, “incluso después de que el detenido fuera atendido en el hospital de la Cruz Roja y observado por una médico forense y un secretario de Juzgado, fueron denunciadas por una vecina que, en una noche de bochorno, con las ventanas de su casa de par en par, oyó gritos desgarradores, mezclados con el sonido de una radio a todo volumen”.

Pocas veces han sido posibles relatos que no podían ser liquidados con la cómoda fórmula de que obedecen a la consigna etarra de denunciar y que no podían sufrir la amenaza de los tribunales por injurias y calumnias. Al informe del Gobierno vasco tampoco se le puede ningunear fácilmente. Lo han hecho personas e instituciones prestigiosas siguiendo protocolos internacionalmente aceptados, lo que explica seguramente el especial enfado de algunos. Si el informe hubiera provenido de los de siempre, todo les hubiera resultado más cómodo. Un informe, por otra parte, que en contra de lo que se dice no exime a ETA de la exigencia de explicaciones y autocrítica por vulneraciones de derechos humanos que ni los conflictos ni las guerras declaradas amparan.

DEIA