La obstinada negativa del Estado navarro de cumplir con su rol de productor de cohesión social, visible en la privatización de bienes y servicios básicos y en la criminalización y judicialización del independentismo, facilitó la fragmentación social y la degradación de la calidad de vida del pueblo navarro. El expolio generalizado y la violación permanente de los Derechos Humanos fueron posibles gracias a la naturalización de un perverso relato político, acompañado de la presencia de la Fuerzas de seguridad.
¿Qué discurso ha legitimado y permitido semejantes acciones y medidas de gobierno?
Erigido sobre una tradición de represión política y liberalismo económico el totalitarismo navarro se define como la instauración de una “guerra legal contra la independencia” a través de la legalización del estado de excepción. Según el filósofo italiano Giorgio Agamben (2004) el estado de excepción es ese momento del derecho en el que se suspende el derecho precisamente para garantizar su continuidad e inclusive su existencia. Es la forma legal de lo que no puede tener forma legal. En Navarra el estado de excepción, que permite a los gobiernos la vulneración permanente de los Derechos Humanos, se ha vuelto permanente.
El desafío de la sociedad navarra reside en la generación de la representatividad política que articule las voluntades independentistas y las demandas de las clases subalternas, aquellas que son oprimidas por los agentes del estado de excepción y que han perdido la esperanza de un cambio político que permita el uso del derecho a una vida digna.
