Igualdad ante la ley

“No se puede permitir que el rey pueda ser juzgado por un, un…”(juez de Primera Instancia se supone que quiso decir, como si estos no fueran de fiar, no cabe otra interpretación). Primera Instancia en la que previo pago obligatorio para la mayoría, somos juzgados el común de los ciudadanos de esta impuesta y sojuzgada nación de naciones llamada España, le faltó añadir al presidente del Gobierno señor Mariano Rajoy, en su frase televisada el pasado 23 de junio, cuando, titubeante, detuvo a tiempo su reveladora declaración.

Y es que ahora resulta que el Estado de derecho democrático, la igualdad de todos ante la ley, la separación de poderes, la independencia e imparcialidad de la justicia española, cuando se trata de aplicársela al jefe del Estado, dicho sea de paso, nombrado y designado por el criminal Franco para ejercer esa función también salva e irresponsablemente los últimos 39 años, resulta que ya no lo es tanto, y los tribunales que preceden al Supremo, no le ofrecen al presidente del Gobierno suficientes garantías cuando el sujeto de derecho es su rey.

Aunque justillos de formación, la mayoría ciudadana aún sabemos distinguir lo que debe ser el necesario y lógico aforamiento para garantizar la libertad e independencia política o jurídica de quienes tienen un mandato democrático de representación o de judicatura, para ponerlos a salvo de injustificada censura o presiones de los poderes de turno, y lo que puede ser y demasiadas veces es utilizado o se quiere utilizar para dar cobertura también a fechorías personales, excesos de poder y burla o quebranto de la ley, especialmente por motivos económicos, y con perjuicio del erario e intereses públicos.

Esta claro que los crímenes cometidos por la dictadura son extensibles a sus colaboradores directos, especialmente a los más significados como sin duda lo fue -el llamado príncipe de España-, y también que este tipo de delitos no puede tener prescripción en un sistema democrático, ni aún en el supuesto de que se hubiera llegado a un -acuerdo- bajo la imperativa mirada de los sables durante la amañada Transición, pues ese sería un acuerdo leonino, sin ninguna validez legal tal como se ha acreditado internacionalmente en Argentina y otros países que atravesaron situaciones similares ; y aunque de ninguna manera se trata de aplicar el Talión, debieran dejarse claramente adjudicadas las culpas y los responsables para aleccionar moral y democráticamente a las generaciones futuras. Y a un asunto tan grave y de tanta trascendencia, en el que tantos miles resultaron fusilados o sometidos a trabajos forzados, torturados, exiliados, privados de la libertad y el honor en ellos, en sus ideas, en sus familias y patrimonios hay que añadir otro que resulta afrentoso en un país desvalijado como este y es que una familia que se declaraba casi arruinada en los 50, la de Juan Borbón, padre del abdicado, aparezca recientemente referida con todo lujo de detalles en la revista Fortune como una de las más acaudaladas de la Tierra, sin que yo conozca que esa noticia haya sido protestada hasta la fecha. Y no resulta de recibo que para evitar que se le pueda reclamar ante un juez de primera instancia que justifique tamaño escándalo económico, entre otras cosas, se invente con urgencia el aforamiento para Juan Carlos (de alguna manera la inmunidad en este sistema en el que los jueces del Supremo son elegidos por los partidos del sistema y los fiscales dependen del ejecutivo), pero ni aunque se tratara del mismo Papa si fuera el caso. Y que no nos vengan ahora con lo de las donaciones y los regalos de sus acaudalados amigos, como lo fueron el Fortuna o el Bribón, pues de sobras sabemos todos que -el que regala bien vende si el que lo recibe lo entiende-. Con el paso de los años podremos evaluar suficientemente en toda su dimensión y contrapartidas esos -regalos-, aunque nos puede servir de ejemplo el caso Nóos. Tampoco me parece de recibo que haya quien pretenda cubrir con la inmunidad real del periodo posfranquista asuntos como el citado, o los hijos extramatrimoniales no reconocidos que haya podido tener, si así se demostrara, u otros asuntos personales y particulares, que nada tienen que ver ni con la política ni con la democracia.

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