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Un tema decisivo para el país. Y un debate claro, aunque previsible. El debate ha coincidido con la amenaza cada vez más clara de una intervención por parte de las autoridades europeas y del FMI en el Estado, y con la demanda del fondo de liquidez por parte de la Generalitat (paradójicamente, el estado ha de "rescatar" a Cataluña con parte del dinero obligadamente cedidos por los catalanes: una situación demencial que refleja la pésima regulación actual de la financiación). La exposición del presidente de la Generalitat en el Parlamento ha sido clara y ordenada, situando el qué, el por qué, el cómo y el cuándo de la propuesta. El punto clave está en el establecimiento de una hacienda propia que gestione todos los impuestos generados por los catalanes, disponga de capacidad normativa, y ceda una cantidad por los servicios que efectúa el estado en Cataluña (como el caso vasco), y otra cantidad (a negociar) en concepto de cooperación con otras autonomías (que el caso vasco no contempla). Todo establecido dentro de la LOFCA. Las respuestas de los diferentes grupos también han sido claras, aunque algunos parecían haberse equivocado de debate. Por el gobierno era un tema decisivo conseguir el máximo apoyo parlamentario. Por otra parte, este apoyo no se podía producir a base de redactar un texto ambiguo que se prestara a diferentes interpretaciones posteriores. El texto del acuerdo debía ser claro. Es decir, no se podía ya alcanzar el consenso en el precio de la indefinición.Tenía que establecer con precisión el cambio de modelo. ¿Por qué? Pues porque hasta este momento ha habido hasta cinco "pactos de financiación" y la conclusión salta a la vista: la Generalitat, es decir, el conjunto de los catalanes, no ha salido de una situación de expolio fiscal situado entre el 8% y el 10% del PIB. Un déficit escandaloso en términos de política comparada y que ha hipotecado durante tres décadas las posibilidades del país. La votación ha sido también la previsible. Casi todos los partidos del Parlamento admiten que Cataluña necesita más recursos, así como que el nuevo modelo debe respetar el principio de ordinalidad entre CCAA antes y después de las transferencias entre territorios. Ahora Cataluña resulta muy perjudicada por estas transferencias.Por partidos, el PP tenía una posición cómoda en el debate: ninguna propuesta catalana no se llevará a cabo si no obtiene el consenso del PP en Madrid. La habilidad del Gobierno ha sido conseguir la abstención final del PP, evitando el voto en contra. El PSC, en cambio, ha hecho un esfuerzo por desmarcarse de la posición tradicional del PSOE, pero en el punto clave de la hacienda única y del pago al estado por los servicios prestados ha seguido manteniendo la posición de los socialistas españoles. Otra oportunidad que el PSC ha dejado perder para marcar perfil propio catalanista. También se ha mencionado por parte de muchos grupos que "no se puede perder más tiempo". Pero para PP y PSC perder el tiempo es presentar propuestas que no serán admitidas, mientras que por CiU, ICV y ERC, los grupos que han dado pleno apoyo a la propuesta del gobierno, perder el tiempo es seguir reformando el modelo actual, en espera que el gobierno central renuncie a unos ingresos que le van muy bien, ya que sea leal a Cataluña, lo que nunca ha hecho, gobierne el partido español quien gobierne. El escenario más probable es que el tiempo y el ritmo de la política internacional de la crisis se coman el periodo de negociación de la propuesta del Parlamento. Y aunque esto no se produjera, es casi seguro que el gobierno español del PP no acepte el núcleo de la propuesta. Es decir, vislumbramos un escenario de "no acuerdo" en un contexto de intervenciones multinivel a escala europea. Visto el panorama, Cataluña deberá saber "tirar por la directa" e iniciar el camino de su emancipación política, el camino de la independencia. Parece la vía más rupturista, pero visto lo que da de sí la primitiva cultura política de PP y PSOE, al final resultará ser la vía más realista.
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