Andrés de Blas

La ruptura del pacto en el País Vasco

El País

La vuelta al acuerdo es imprescindible para el equilibrio entre las fuerzas políticas de Euskadi

No era fácil mantener el pacto entre el PSE y el PP en el País Vasco. Desde su inicio, el mismo se contempló desde una doble perspectiva: como un acuerdo coyuntural que permitiese desalojar al PNV del Gobierno de Vitoria o como un acuerdo de fondo entre una tradición liberal de signo español y una opción socialdemócrata de significativo arraigo en la vida vasca contemporánea. Esta segunda perspectiva, la única que daba auténtica legitimidad al pacto, tuvo que enfrentarse desde un primer momento con la dinámica de oposición frontal entre el PSOE y el PP en el conjunto de la vida española, una oposición frontal que ha hecho abstracción de los efectos devastadores de la crisis económica y social en que vivimos. Y puede concluirse que esta dinámica ha terminado por interponerse en el desarrollo del entendimiento entre socialistas y populares del País Vasco.

El motivo concreto de la ruptura ha radicado en una sobreactuación de los dirigentes políticos del País Vasco. Todo el mundo entendía que el lendakari Patxi López no estuviese de acuerdo con las líneas políticas seguidas por el Gobierno de Mariano Rajoy. Pero del desacuerdo a encabezar una política de oposición radical iba un trecho que probablemente el lendakari podía haberse ahorrado.

En la misma línea, Basagoiti podía haber evitado una respuesta frontal a la toma de posiciones de Patxi López. El resultado final es el cuestionamiento de un pacto que había levantado muy altas expectativas en el País Vasco y el conjunto de España.

Las consecuencias más obvias de la ruptura del entendimiento entre el PSE y el PP pasan por las posibilidades de una recuperación del poder en Vitoria por parte del nacionalismo, sin que esté claro si habrá de ser el nacionalismo moderado o el radical quien se haga con la victoria. La otra posibilidad es que socialistas y populares, claramente separados en las próximas elecciones, alcancen unos buenos resultados que les permitan plantear una nueva edición del pacto sobre bases distintas. Aunque es posible que esta estrategia no haya estado ausente en los artífices de la presente ruptura, es razonable pensar que se trata de una visión en exceso optimista que no se compadece con el previsible rumbo de la actual vida vasca.

En última instancia, lo que explicaría la ruptura del pacto PSE-PP es la falta de percepción de su significado y trascendencia para nuestra vida política. La opinión autonomista, satisfecha de su condición española, con expresión política en el centro-izquierda y en el centro-derecha, no ha conseguido imponerse a la dirección de los partidos que la expresan políticamente. O dicho en otras palabras: los políticos profesionales, atentos a las estrategias inmediatas de sus aparatos y organizaciones, se habrían distanciado de lo que muchos ciudadanos vascos veíamos como un claro mandato de buena parte de la sociedad civil.

La ruptura del pacto amenaza con tener consecuencias para el futuro inmediato de la sociedad vasca y española. De la crisis no vamos a salir solamente mediante el fin del terrorismo y el indispensable acuerdo con las fuerzas políticas nacionalistas. Para su definitiva superación, tendrán que movilizarse aquellos sectores de la sociedad vasca que conectan con una conciencia liberal-demócrata y social-demócrata favorable al entendimiento con el conjunto de la sociedad española. En esta dirección apuntaba el pacto ahora interrumpido. Hay que confiar en que haya sido la falta de comprensión del mismo por un sector del voto socialista y popular el que explique su interrupción y que pueda por ello restablecerse después de las próximas elecciones. Es indispensable para ello olvidar su carácter coyuntural y hasta oportunista para centrarse en la hondura de sus raíces sociales.

Quizá ha sido un pacto en exceso gestionado desde arriba. Es posible que aquellos sectores de la sociedad vasca que alentaban el mismo, bloqueados todavía por la persistencia de la presión de ETA y su entorno, no hayan sabido explicarlo y justificarlo como merecía. Hay que confiar, sin embargo, en que su actual fracaso no resulte al fin, sino un incidente en una decisión de largo alcance que acabe por abrirse camino en el País Vasco. El objetivo final no puede ser otro que la vuelta a una política en que se combine el equilibrio entre una opinión nacionalista, otra socialdemócrata y una tercera herencia de la tradición liberal-democrática vasca. Y es a la luz de este objetivo como debe ser evaluado el pacto que ahora se ve interrumpido.

Andrés de Blas Guerrero es catedrático de Teoría del Estado en la UNED.

Jorge de Esteban

La quiebra del Estado de las autonomías

El Mundo

El autor sostiene que ha llegado el momento de revisar la Constitución tras el fracaso del título VIII. El regateo de competencias y el poder de los partidos nacionalistas han provocado la crisis del sistema.

Ya no cabe que disimulemos lo obvio, ni que miremos para otro lado, debemos afrontar la realidad tal como es, porque no podemos seguir corriendo tras los hechos para intentar alcanzarlos. No hay más remedio que pararse y aceptar lo que tenemos delante, con el fin de resolver el embrollo que nos envuelve, reconociendo de una vez que el Estado de las autonomías, que surgió de la Constitución de 1978, ha fracasado rotundamente, convirtiéndose más bien en el Estado de las anomalías.

Ahora bien, es conveniente no sólo hacer el diagnóstico de esta aberración constitucional que padecemos, sino también conviene explicar las causas por las que se creó. Las razones, sin que nos remontemos al siglo XIX, que es la fecha de donde partió el problema que todavía nos acecha, fueron cuatro en los inicios de nuestra actual democracia. En primer lugar, se trataba de resolver la cuestión de las reivindicaciones de los vascos y catalanes, algo que el propio Rey, en el discurso de su proclamación el 22 de noviembre de 1975, había ya sugerido. En segundo lugar, tras la llegada del presidente Tarradellas a Madrid en el año 1977, y de la restauración de la Generalitat de Cataluña, se intentó generalizar las autonomías para evitar la susceptibilidad de los medios más conservadores del régimen franquista, todavía en pie, a través de las llamadas preautonomías, antecedente de lo que vendría más tarde. Sin embargo, hay que señalar que además de estas dos primeras razones, había dos más que eran defendibles desde una perspectiva meramente democrática. En efecto, en tercer lugar, la adopción de las autonomías tenía la pretensión de acercar la administración a los administrados, mediante la descentralización del poder. Y, por último, también cabía defenderlas en razón de que podían ser un instrumento válido para acortar las diferencias económicas entre las regiones españolas, sacando a algunas del subdesarrollo económico y cultural en que se encontraban secularmente.

Pues bien, ninguna de estas razones se ha cumplido satisfactoriamente, salvo si acaso la última, pues no cabe duda de que regiones como Extremadura o Canarias, por poner algún ejemplo, se han beneficiado en cierto sentido del Estado de las autonomías. Pero dicho lo cual, no hay más remedio que afirmar que en su conjunto el Estado autonómico, ha fracasado, como, por ejemplo, se acaba de poner de manifiesto en un curso de la Fundación Denaes en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, en el que yo he participado. Pero, los testimonios de este fracaso nos lo ofrecen todos los días los periódicos y, en especial, la opinión pública de los españoles, que por fin se han dado cuenta de dónde procede la mayor parte de su desastrosa situación económica y de la senda que nos lleva al temido «rescate».

Conviene, por tanto, que entremos ahora en el diagnóstico de las razones de por qué ha fracasado un modelo de Estado descentralizado, que era bastante viable, y hasta beneficioso, si se hubiera regulado su diseño de forma racional y estable. La primera de las razones de su fracaso es la que se refiere, como digo, a su insuficiente regulación en el título VIII de la Constitución. Ciertamente, los constituyentes podían haber optado por un modelo concreto de los que ya existían en Europa para descentralizar el Estado, como podía ser el portugués, con dos regiones autónomas y el resto del territorio peninsular descentralizado administrativamente; el italiano, con 20 regiones autónomas, pero cinco de ellas con más competencias que las demás; y, por último, el alemán, en donde todos los Estados miembros tienen parecidas competencias. Sin embargo, no se siguió ninguno de esos tres modelos, sino que siguiendo el funesto ejemplo de la II República, se decidió crear un Estado descentralizado a trompicones y de manera desigual. Las consecuencias de ese sistema abierto, progresivo y nunca terminado, ha contribuido definitivamente a llevarnos a la situación actual. Porque, además, en segundo lugar, la concurrencia de ese sistema continuo de regateo competencial de las comunidades autónomas creadas, se agudizó al máximo, por permitir en nuestro sistema electoral la existencia de partidos nacionalistas, en las Cortes Generales, que es una característica anómala en los Estados federales que funcionan.

En tercer término, cabe afirmar que en la dialéctica que es propia de todo Estado federal, entre las fuerzas centrípetas y las fuerzas centrífugas, el ideal radica en la búsqueda de un equilibrio armónico entre ambas tendencias. Ahora bien, en España ha existido un elemento distorsionador que ha favorecido absurdamente el centrifuguismo, que paradójicamente no ha sido otro que el propio Tribunal Constitucional, cuyas muchas sentencias, especialmente la que se refiere al Estatuto de Cataluña, y a las legalizaciones de los partidos pro-ETA, Bildu y Sortu, no han hecho más que perturbar la lealtad federal o constitucional, que es necesaria en los Estados de este tipo.

Pero no sólo eso, sino que la diversidad de las competencias que han asumido las diferentes comunidades autónomas, han comportado, en cuarto lugar, que se haya establecido una situación de confusión en el funcionamiento general del Estado, dejando al Gobierno Central prácticamente sin competencias, o, dicho de otro modo, convirtiendo al Estado-aparato en un cascarón vacío. Como era de esperar, en quinto lugar, la reivindicación permanente de competencias, llevaba aparejada el aumento continuo de las clases políticas regionales, que han convertido a España en el país europeo con mayor número de políticos por metro cuadrado. Además, se ha ido fomentando la creación de empresas públicas, de televisiones autonómicas y organismos inoperantes, la mayor parte de los cuales con la única finalidad de emplear a simpatizantes, amigos y parientes.

Todo ello, en sexto lugar, fue favorecido por la modificación de la ley de las cajas de ahorro, que fueron invadidas por los políticos y sindicalistas locales, conllevando la corrupción y el despilfarro. La consecuencia ha sido que nuestras comunidades autónomas se han convertido en la mayor fábrica de déficit del Estado, hasta el punto de que ya no podemos continuar con este sistema de autonomías, de las que se ha perdido todo control, como se demuestra por el intento de rebelión encabezado por Cataluña en los momentos actuales, sin que ni siquiera nadie haya aludido al artículo 155 de la Constitución, que se hizo para algo. Semejante situación -y eso es lo peor- la conocen ya perfectamente las instituciones europeas, el Gobierno de los Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE y, especialmente, lo que se llama metafóricamente los mercados. De ahí que mientras que no se resuelva este galimatías, España no saldrá de la recesión, por muchos parches que ponga el confuso Gobierno actual.

Sin embargo, nada de esto habría ocurrido si la Constitución hubiese establecido con claridad cuáles eran las comunidades autónomas, sus respectivas competencias, y las propias del Estado. Por el contrario, no sucedió así, dando comienzo una carrera hacia el desguace del Estado. Muchos, sin embargo, desde el primer momento afirmamos la necesidad de que se acabase el diseño del Estado. En mi caso, por ejemplo, siendo subdirector del Centro de Estudios Constitucionales, sugerí al ministro de la Presidencia, Pío Cabanillas, la conveniencia de llevar a cabo una ley que estableciese el diseño final del Estado, puesto que la reforma de la Constitución en aquellos momentos no era viable. De este modo, Calvo-Sotelo cayó en la cuenta y se redactó la llamada Loapa, que trataba de llevar a cabo ese cometido en algún sentido. Pero los nacionalistas vascos y catalanes recurrieron la ley ante el Tribunal Constitucional, y éste en una de sus desafortunadas sentencias, siempre influidas por los partidos nacionalistas, anuló varios artículos de la misma. Si esa ley, o incluso otra parecida, se hubiera impuesto, junto con el acuerdo de los dos grandes partidos, España hubiese podido tener un Estado descentralizado que habría sido beneficioso para el país. Pero no fue así.

De este modo, hemos llegado irremediablemente a la actual situación, en que después de los ocho años de Gobierno del presidente Zapatero, las cosas se degradaron al máximo. La esperanza que se había depositado en el presidente Rajoy, en el Partido Popular, por el momento han defraudado ampliamente a todos los españoles. Nos encontramos en una situación cada vez peor, pero no sólo desde el punto de vista económico, sino también psicológico. Los españoles ya no confían en nadie o, mejor dicho desconfían de todo y de todos, y, a su vez, nadie fuera de España confía en nosotros. El Gobierno tenía que haber elegido entre reorganizar o desmantelar el Estado de las autonomías, o reducir cada vez más, con recortes y subida de impuestos, el Estado de Bienestar, en perjuicio de los españoles más necesitados. Pues bien, fatalmente eligió la segunda opción, que nos lleva claramente al abismo. Pero, se quiera o no, el Estado de las autonomías ha fracasado ya estrepitosamente, y será necesario reorganizarlo en profundidad, o incluso suprimirlo, si nos lo exigen nuestros deudores y socios europeos, porque la soberanía nacional es ya una entelequia jurídica. Sea lo que fuere, o entramos en un momento constituyente para revisar nuestra Constitución o depositamos a ésta en el almacén de los objetos perdidos.

Jorge de Esteban es catedrático de Derecho Constitucional y presidente del Consejo Editorial de EL MUNDO.

Josep Fontana

Tenemos derecho a exigir al Gobierno que explique qué vamos a pagar y quiénes son los culpables

Sin Permiso

El discurso en que el señor Rajoy ha anunciado su nuevo plan de recargos y recortes parece la carta de un suicidio anunciado a dos o tres años vista. Porque no puede pretender que le creamos cuando afirma que estas medidas van a conseguir un aumento del empleo, cuando todas están encaminadas a obtener dinero para que el Estado pague sus deudas -no las nuestras, sino las de la banca- a costa de reducir el consumo de los españoles (cuesta poco imaginar la alegría de las próximas compras de Navidad y Reyes, con los precios en aumento y los funcionarios sin paga extra).

Teniendo en cuenta que es opinión unánime de los economistas medianamente sensatos que la reactivación del consumo es una condición necesaria para la recuperación del empleo, está claro que las medidas adoptadas, en viernes y 13, por el Consejo de Ministros conducen al aumento de un paro que resulta ya difícilmente soportable. La coincidencia entre el discurso de Rajoy y la manifestación de los mineros, a poca distancia del Congreso, pone de relieve la naturaleza del problema: porque ni un solo euro del préstamo bancario se dedicará a crear un puesto de trabajo, ni para los mineros, ni para nadie. Estos recursos están destinados solo a sanear la banca. Pero, ¿por qué hemos de sanear la banca?

Estamos viviendo en medio del estupor que produce en el mundo entero el descubrimiento del que tal vez sea el mayor fraude financiero de la historia: la manipulación del líbor (London Inter-bank Offered Rate), el indicador que, en palabras de The Economist, «determina en todo el mundo el tipo de interés que los particulares y las empresas pagan por los préstamos o reciben por sus ahorros», lo que no solo afecta a las transacciones entre bancos, sino a nuestras hipotecas, al precio a que pagamos los plazos del coche o las tarjetas de crédito. Porque no debemos hacernos ilusiones de que este es un asunto exótico, que solo se refiere a Barclays y a Gran Bretaña, sino que afecta a bancos norteamericanos como JPMorgan Chase, alemanes como Deutsche Bank, suizos como UBS, y todos ellos, como Barclays, entran en la formación de «nuestro euríbor».

Lo cual significa que, si se van a saldar las deudas de la banca con nuestros sacrificios, merecemos cuando menos que el Gobierno que nos ha metido en este enjuague explique qué es lo que vamos a pagar: en qué consiste, por ejemplo, esa inmensa cloaca llamada Bankia, de la que solo conocemos aspectos parciales y casi anecdóticos (por ejemplo, los 1.000 millones que Martinsa-Fadesa obtuvo de Caja Madrid, y que han desaparecido misteriosamente; los muchos millones de deudas de un constructor megalómano que se empeñó en comprarse una empresa hidroeléctrica…). Necesitamos saber qué se hizo de este dinero y tenemos el derecho de exigir que se establezca un registro puntual de los responsables de estos atracos: de los que prestaron un dinero que no era suyo, sino de los ahorradores que se lo habían confiado, y de los que lo tomaron y no responden ahora de él.

Tenemos derecho a exigir que se nos informe, porque está claro que este préstamo de la troika se va a pagar con los recortes en nuestros salarios, con el aumento en nuestros impuestos y con lo que pagaremos de más en cada compra que hagamos… Incluso con lo que los jubilados van a tener que aportar por los medicamentos que necesitan, aunque en este caso la señora ministra ya les dijo que para qué querían tantas pastillas, si las hierbas medicinales sirven igual, y son más sanas. Se le olvidó recordarles que nuestros tatarabuelos usaban también oraciones específicas para curar cada mal; tal vez lo reserva para el próximo recorte, cuando ya no tengan ni para acudir al herbolario.

Con motivo del asunto del líbor, Stiglitz ha dicho que «lo primero es meter a unos cuantos banqueros en la cárcel». A mi me parece que en nuestro caso deberían acompañarles también muchos de los que se beneficiaron de unos apaños tal vez más turbios aun. En EEUU se ha generalizado condenar con la cárcel a quienes son incapaces de pagar incluso pequeñas multas, como las de tráfico. La American Civil Liberties Union (ACLU) ha publicado un estudio en el que llega a la conclusión de que «en esta época de disminución de los presupuestos, los gobiernos, tanto de los estados como locales, emplean agresivamente la amenaza y la práctica del encarcelamiento para exprimir ingresos de los más pobres de los acusados que aparecen por sus tribunales». Yo le propongo al señor Rajoy que implante una versión mejorada de este sistema: encarcelar a los que deben más de 100 millones para «exprimirles» a proporción de sus culpas.

Las protestas han comenzado ya, y no cabe duda de que van a seguir, a medida que se vayan dejando sentir los efectos de esta brutal agresión a nuestro nivel de vida. Pero está claro que esto no basta. Me parece que ha llegado el momento de empezar a pedir cuentas.

Josep Fontana,  miembro del Consejo Editorial de SinPermiso, es catedrático emérito de Historia y  dirige el Instituto Universitario de Historia Jaume Vicens i Vives de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Maestro indiscutible de varias generaciones de historiadores y científicos sociales, investigador de prestigio internacional e introductor en el mundo editorial hispánico, entre muchas otras cosas, de la gran tradición historiográfica marxista británica contemporánea, Fontana fue una de las más emblemáticas figuras de la resistencia democrática al franquismo y es un historiador militante e incansablemente comprometido con la causa de la democracia y del socialismo. Su último libro, una soberbia historia polítiica mundial desde el fin de la II Guerra Mundial hasta nuestros días: Por el bien del Imperio (Pasado&Presente, Barcelona, 2011).