Estamos viviendo en un escenario de decepciones diarias y de incertidumbres futuras. El Gobierno del PP tiene mayoría absoluta en el Parlamento, pero es un gobierno muy débil a escala europea e internacional. La prima de riesgo española va escalando niveles alarmantes que ponen en zona roja diferentes indicadores, los de riesgo de rescate y los de ruptura social (parados, jóvenes sin expectativas, precarización laboral, desafección ciudadana, presiones internacionales).

El Gobierno español no transmite ninguna imagen de solidez, sino la de una errática improvisación reactiva. Provoca desconfianza. No hay para menos. Es un escándalo en términos de racionalidad haber retrasado la aprobación de los presupuestos por las elecciones andaluzas. Esta no es la decisión de un gobierno serio. Tampoco lo es que se invierta en un AVE marginal cuando se deja de lado el corredor del Mediterráneo, mucho más decisivo económicamente. Resulta un insulto a la inteligencia que se diga que se recorta la deuda cuando, en realidad, se hace subiendo impuestos, haciendo ejercicios de contabilidad creativa y dejando de pagar a las autonomías. El Gobierno central es el primero en incumplir la ley. También resulta de país de sainete –además de tener un jefe de Estado que caza elefantes en Botsuana– que se declare una amnistía fiscal para los más ricos –que incentiva las prácticas de fraude–, mientras se sube el IRPF, que afecta a los asalariados y las clases medias.

En Catalunya se añaden el agravio de un expolio económico basado en un escandaloso déficit fiscal en términos de política comparada, y un marco constitucional que se ha revelado muy hostil con el país. El autogobierno se está convirtiendo en una realidad cada vez más diluida, más degradada y más insolvente. Y sabemos que la crisis actual es una aparente excelente coartada para profundizar en la recentralización política. Wall Street Journal y Financial Times recogían recientemente la voluntad del Gobierno de moverse en esta dirección.

Hasta ahora, la tónica de la Generalitat ha sido presidida por la voluntad de cumplir con el pago de la deuda a partir de “recortes” en el gasto público. Pero en realidad la Generalitat no tiene las competencias necesarias para decidir lo que el país necesita en términos económicos y de bienestar. No tiene capacidad de reactivar la economía catalana con los instrumentos de que dispone. En temas políticos y económicos, Catalunya es un país dependiente. El Govern, más que gobernar, actúa como una gran gestoría que administra una situación de miseria presupuestaria. La imagen que transmite es la de alguien que trata de racionalizar recursos desde la precariedad y, sobre todo, la impotencia. El Estado no reconoce Catalunya como realidad nacional, lamina constantemente el autogobierno, y además de salir carísimo a los catalanes, está hipotecando su futuro político, económico, cultural y de bienestar. Los precios de la dependencia política son muy altos. Estamos perdiendo cotidianamente tiempo, energías, dinero y prestigio.

Establecer un nuevo “pacto fiscal en la dirección del concierto económico” ha sido el punto estrella del Govern. Sin embargo, a estas alturas queda claro que no existirá un pacto que solucione la situación de expolio. Eso lo saben el Govern y su president. El “nuevo pacto fiscal” se está convirtiendo en una utopía más antigua cada día que pasa. Ya no resulta posible mantener más este espejismo. En Catalunya hay que dar un golpe de timón y, para ello, hay que cambiar de objetivos, de aliados, de estrategia y de discurso.

El camino que seguir, a pesar de todas las incertidumbres del proceso, es el de una Catalunya independiente. Es el camino a fin de que el país no sólo no se vaya diluyendo, sino para que se fortalezca y sea capaz de proyectar toda su personalidad diferenciada y todas sus posibilidades –que aún son muchas, en un mundo crecientemente competitivo y globalizado.

El Govern tiene tres escenarios generales ante sí: 1) seguir como hasta ahora, una posición que cada vez tiene menos sentido; 2) hacer un cambio de gobierno (ahora sí con los “mejores”) que prepare el país para la independencia; 3) convocar elecciones para salir reforzado, presentando un programa para un estado propio dentro de la Unión Europea. Los escenarios 2 y 3 pueden ser complementarios. El president se tendría que dirigir al país y se tendría que explicar a la ciudadanía como un estadista. Estoy convencido de que la mayoría entenderá la situación y el proyecto independentista de futuro si se le explica bien, sin eufemismos ni ambigüedades. El transatlántico del país está girando. Pero hace falta que desde el puente de mando se acabe de fijar el rumbo. Y hay que hacerlo con mucha profesionalidad. Hace falta un gobierno estructurado por el establecimiento de la transversalidad de las fuerzas catalanistas del Parlament y de la sociedad civil, para el impulso de la internacionalización del proceso de independencia, y con voluntad de marcar un liderazgo que sea reconocible desde Washington, Bruselas y Pekín.

Duke Ellington decía que “cuando se compone música siempre se tiene que saber cómo juega al póquer quien tiene que interpretarla”. A los catalanes nos hace falta un gobierno que pueda gobernar. Un gobierno que pueda impulsar el bienestar de la población y los objetivos políticos, económicos y culturales que el país necesita. Y ahora nos hace falta un gobierno que refleje en la composición y estructura interna la preparación y voluntad para alcanzar su emancipación nacional. Un gobierno que lidere en términos de futuro.

Ferran Requejo, catedrático de Ciencia Política en la UPF