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Manuel Castells   

El proyecto independentista catalán no ha terminado. La intervención de la autonomía y el encarcelamiento del Govern por orden judicial han profundizado y agravado la fractura del país. Y las perspectivas de solución política, mediante unas elecciones autonómicas el 21 de diciembre, no parecen resolver la cuestión pendiente: la ubicación de Catalunya en el Estado español y en el contexto europeo. El último barómetro del Centre d’Estudis d’Opinió señala un aumento significativo del apoyo a la independencia. La encuesta, realizada tras el 1 de octubre y la declaración unilateral de independencia, muestra un 47,8% a favor de la independencia y un 43,2% en contra. Sigue habiendo una división dramática en la sociedad catalana, pero ahora, tras las acciones del Gobierno y las grandes manifestaciones unitarias, se acentúa el apoyo a la secesión.

Aunque no supera el 50%, este resultado muestra que sin un diálogo y un pacto no habrá solución estable de la cuestión catalana. Porque los resultados de las elecciones autonómicas de diciembre que prevén diversas encuestas parecen confirmar la actual composición del Parlament. Es decir, los partidos soberanistas volverían a obtener la mayoría absoluta. Con el añadido de que Catalunya en Comú, que entrará en liza por primera vez, aun manteniendo su distancia con respecto a la independencia, propone un frente común catalanista resucitando la reivindicación histórica de “llibertat, amnistia i Estatut d’autonomia”.

Por tanto, el futuro Parlament tendría una importante mayoría en favor de un referéndum legal. En contraste con una oposición parlamentaria posiblemente liderada por un Ciudadanos envalentonado y más contrario que nunca al diálogo entre dos nacionalismos, el catalán y el español. La fractura se consolidaría y la convivencia se haría cada vez más difícil, tanto en Catalunya como en España. Es más, el autoexilio del president Puigdemont en Bruselas, equiparándose simbólicamente a Tarradellas, ha incrementado la internacionalización del conflicto, por más que la Unión Europea haya apoyado a España. No hay más que examinar la opinión publicada en el mundo para constatar que la noticia sigue acaparando la atención y que además se asocia la crisis catalana con otras contiendas civiles en Europa o incluso con el imaginario de nuestra Guerra Civil. La inculpación por rebelión de los dirigentes nacionalistas, incluyendo la de Puigdemont en rebeldía, intensificará la percepción de represión en el ámbito internacional.

Cada paso en la represión, cada acto de resistencia, ensanchan el abismo que se está creando, haciendo aún más difícil el futuro para todos, cualquiera que sea el desenlace. Un desenlace que aún no se percibe en el horizonte. Pero lo que ya se observa es la multiplicación de fracturas políticas y sociales. Se extienden las fracturas por todo el sistema político. Porque en toda situación de enfrentamiento, se refuerzan las posiciones extremas y se debilitan los partidarios del diálogo. Así, Ciudadanos podría beneficiarse de su ultranacionalismo español, mientras que el soberanismo radical se carga de razón, haciendo más difícil el tender puentes entre los contendientes. Pero la fractura más significativa es la división entre PSOE y Podemos, que aborta el principio de una estrategia común de las dos izquierdas que hubiese podido desplazar a Rajoy con el apoyo del PNV y los partidos catalanes. Rajoy ha activado hábilmente el nacionalismo español de una parte del PSOE contra un Pedro Sánchez que había aceptado la plurinacionalidad del Estado español. Rajoy ha obtenido el apoyo de Sánchez a cambio de una futura reforma constitucional controlada por la mayoría del PP en el Senado. Pero los tiempos se aceleran. La intensificación de la represión judicial empieza a fracturar también al PSC, en particular en el ámbito municipal, y agrava las tensiones entre socialistas catalanes y andaluces.

Podemos, por su parte, se encuentra confrontado a divisiones internas entre una dirección de Podem que se sitúa en la órbita del independentismo y la resistencia pragmática de algunos referentes de Podemos a mantener el apoyo de principio al derecho a decidir. Precisamente por su coherencia ideológica, proponiendo a la vez el derecho democrático a un referéndum legal y argumentando contra la independencia, Podemos podría pagar un alto precio electoral en el conjunto de España, al no ser entendido ni por unos ni por otros.

La movilización popular contra el encarcelamiento de los dirigentes independentistas suscitará probablemente una represión policial de mayor alcance a la practicada hasta ahora, en la medida en que se extienda la desobediencia civil y las ocupaciones pacíficas de espacios públicos. La Assemblea de Càrrecs Electes será confrontada a su vez por acciones de la Fiscalía y en algún supuesto la intervención de las instituciones catalanas podría extenderse al ámbito municipal. Y como las elecciones de diciembre reproducirán una mayoría en favor del referéndum, el artículo 155 seguiría imperando, según reclama el PP catalán. Estaríamos así ante un bloqueo institucional permanente mientras no haya un pacto de Estado, sin intimidación, entre todas las partes.

Pero aún más graves son las fracturas que se están produciendo entre las personas, en Catalunya y entre Catalunya y España. Todos conocemos amistades, familias y relaciones rotas por la divisoria creada entre unos y otros. No se pudo dialogar y no se quiso dialogar. Y al movilizar a la población en ambos sentidos, al hacer de las pertenencias de Estado una cuestión existencial, se perdió la capacidad de convivencia. Ya no se trata de identificar culpables porque lo que importa es el resultado. Ni Catalunya es independiente ni España puede seguir como antes, como si no hubiera pasado nada, ni la economía puede salvarse de una pérdida de inversión y confianza, ni las personas pueden volver a relacionarse más allá de sus diferencias. Nos hemos roto. Y la culpa es de todos porque no nos creemos otra democracia que la que nos conviene.

LA VANGUARDIA