El rey español Felipe VI viaja a Arabia Saudí para vender cinco buques de guerra

Las ONG de la campaña Armas Bajo Control, Amnistía Internacional, FundiPau, Greenpeace y Oxfam Intermón han enviado una carta abierta a la compañía pública española Navantia donde manifiestan su oposición a la inminente firma de un contrato entre Navantia y Arabia Saudita para la construcción de cinco fragatas del tipo Avante 2200 para el ejército saudí.

El rey español Felipe VI es el encargado de realizar las gestiones económicas y de venta con los saudíes, es conocida la larga relación entre los borbones que ocupan el trono español y la casa saudí, fueron precisamente los saudíes y otras dinastías de príncipes del petróleo árabe, las que ayudaron a Juan Carlos I de Borbón a hacer una fortuna económica con la intermediación de la venta del petróleo entre el Estado español y los estados árabes. Su hijo siguiendo los caminos abiertos por el padre viajó ayer a Arabia Saudí para firmar un contrato de venta de cinco naves de guerra para la marina saudí, con un valor superior a los 2.000 millones de euros.

Las ONG advierten al Gobierno que, si esta operación se realiza, España podría convertirse en cómplice de la comisión de atrocidades en el conflicto de Yemen, debido al riesgo manifiesto de que las corbetas se puedan utilizar para llevar a cabo ataques militares directos a la población civil, ataques indiscriminados o para mantener el bloqueo naval -que impide el acceso de la ayuda humanitaria- al que Arabia Saudí somete a Yemen desde el 25 de marzo de 2015, todas ellas violaciones graves del derecho internacional. Según la ONU, hasta finales de 2016 el conflicto de Yemen ha provocado la muerte a más de 7.000 personas, la mitad de ellas civiles, y heridas a más de 38.000

Para Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional, «Cualquier posible venta de armas a Arabia Saudí que puedan ser usadas en Yemen es ilegal porque viola la legislación española e internacional sobre comercio de armas». Beltrán reclama al Gobierno que «no autorice ventas de armas a este país mientras exista un riesgo sustancial de que puedan emplearse para cometer o facilitar violaciones graves del derecho internacional o ser objeto de desvío».

Chema Vera, director de Oxfam Intermón destaca la «catástrofe humanitaria provocada por la guerra en Yemen, donde más de 21 millones de personas necesitan ayuda humanitaria para cubrir sus necesidades básicas, en una crisis exacerbada por el bloqueo naval de Yemen». La coalición encabezada por Arabia Saudí ha bombardeado escuelas, hospitales, mercados y mezquitas y reconoció haber usado municiones de racimo en un conflicto en el que todas las partes han cometido graves violaciones y abusos que deberían ser investigados como presuntos crímenes de guerra.

Mario Rodríguez, director de Greenpeace, denuncia que «en la última década España ha vendido armas a Arabia Saudí, que es el segundo importador mundial de armas entre 2011 y 2015, por valor de casi 1.400 millones de Euros». Pide al gobierno que investigue «si las municiones, las granadas de mortero, las bombas, los torpedos, los cohetes, los misiles, los aviones y los vehículos blindados españoles exportados a Arabia Saudí se han utilizado para matar civiles inocentes en Yemen «y recuerda las denuncias sobre la presencia en manos de los rebeldes huzis en Yemen de granadas Alhambra y lanzagranadas C90-CR fabricados por la empresa española Instalaza .

Según Jordi Armadans, director FundiPau, «el debate no se puede reducir a puestos de trabajo a costa de la vida de civiles inocentes yemeníes» y reclama al Gobierno y al Parlamento «valentía y visión a largo plazo para afrontar un debate serio sobre las consecuencias de las exportaciones de armas y un compromiso real con la paz y el respeto al derecho internacional». También pide que adopten medidas para mejorar el control y la transparencia del comercio de armas para garantizar que España cumple con sus obligaciones según el derecho internacional y la legislación española y europea, que prohíben la venta de armas para cometer atrocidades.

En enero de 2016, las cuatro ONG ya se dirigieron a Navantia y al entonces Presidente del Gobierno en funciones para manifestarles su oposición a esta operación, que es ilegal en virtud del derecho español e internacional. También en noviembre de 2016, antes del fallido viaje del Rey a Arabia Saudí, enviaron una carta con sus preocupaciones al monarca y al Gobierno español.

Según el artículo 8.1. de la Ley española sobre comercio de armas, las autorizaciones de exportación de armas serán denegadas «cuando existan indicios racionales de que puedan ser empleadas en acciones que perturben la paz (…) exacerben tensiones o conflictos (…) sean utilizadas con fines de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos, tengan como destino países con evidencia de desvíos de materiales transferidos». Por su parte, el artículo 6 del Tratado sobre Comercio de Armas -ratificado por España el 2013- prohíbe la venta de armas si, en el momento de autorizar la operación, como es este caso, el Estado tiene conocimiento que las armas «podrían utilizarse para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad, infracciones graves de los Convenios de Ginebra u otros crímenes de guerra».

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