Hace unos días este diario informaba con todo detalle de la impresionante caída de las inversiones públicas en España. El problema, sin embargo, no es sólo que ahora se invierta mucho menos –en el 2015 una tercera parte del 2007–, sino que se hace mal y todavía hoy persiste el despilfarro de los escasos recursos disponibles. La cuestión de fondo no es coyuntural, sino estructural: es de todo el modelo económico español construido los últimos 50 años, que ya es claramente insostenible. Esta rotunda afirmación no es mía, sino de Jordi Maluquer de Motes, destacado historiador de la economía que ha publicado hace un par de años un monumental estudio titulado La economía española en perspectiva histórica. Siglos XVIII-XXI. Se trata de una visión muy innovadora, y desgraciadamente poco conocida por nuestros políticos, que explica con detenimiento y rigor las repercusiones sociales y políticas derivadas de la existencia de un modelo económico tan peculiar como el español. Un modelo construido a lo largo de dos siglos con unas características bien diferentes a las de nuestros vecinos europeos, en el cual, al notable retraso industrializador, se añadió una baja competitividad y la tendencia excesiva a la concentración de las decisiones económicas. Sin una mirada histórica a largo plazo no se pueden entender los graves problemas económicos actuales.
Me interesa destacar del libro las más de 150 páginas dedicadas a repasar con precisión los disparates cometidos en la economía española en los últimos veinte años y su contundente diagnóstico final: la gran depresión iniciada en el año 2007 es la más grave de la historia contemporánea española en tiempo de paz. Sus efectos económicos y sociales son superiores a la crisis de los años 1973-1986.
Ahora hace nueve años, cuando la economía española se vio sorprendida por la crisis internacional, su modelo ya era bastante vulnerable puesto que estaba demasiado centrado en la construcción, en el fomento exagerado de la especulación inmobiliaria y en un endeudamiento masivo: el año 2007 en España se construían más viviendas que en Francia, Gran Bretaña y Alemania juntas y la deuda del sector de la construcción llegaba a 450.000 millones de euros. Además, con una tolerancia generalizada, desde hacía dos décadas, las administraciones públicas gastaban en exceso y mal –desperdiciando buena parte de los considerables recursos recibidos de la UE–. Y para colmo, se seguía dando prioridad al modelo radial-centralista radicado en Madrid que siempre ha significado un gran obstáculo para el desarrollo de las áreas más dinámicas de las periferias mediterránea y cantábrica. Y como contrapartida, el crecimiento industrial era casi nulo y el apoyo a la innovación tecnológica y a los sectores que tenían más potencial de cara al futuro era muy reducido. Eso se traducía en un notable atraso tecnológico y en que España registrara un número de patentes muy inferior al que le correspondería por el volumen de su economía.
Por todo eso el varapalo provocado por la crisis fue espectacular: el índice de paro más alto de Europa –con Grecia–; el récord europeo de desahucios; un drástico recorte presupuestario en todos los servicios públicos; una insolvencia internacional similar a la portuguesa y a la irlandesa, etcétera. La década prodigiosa de Aznar y Rodríguez Zapatero dejaba un país notablemente empobrecido, una economía poco competitiva y una sociedad más desigual.
En las páginas de este diario he insistido más de una vez en un hecho que Maluquer también destaca: uno de los grandes problemas de la actual política económica española es el predominio de los intereses del sector funcionarial-empresarial madrileño, que no está nada interesado en favorecer ni el dinamismo económico, ni la productividad, ni la competitividad, ni la innovación. Y que, además, se manifiesta insensible ante el hecho de que España sea el país de la UE con una mayor pérdida de personal altamente cualificado. Hoy, la generación más preparada de nuestra historia se va porque aquí no encuentra un puesto de trabajo.
La peor herencia que puede dejar esta larga y profunda depresión sería no sacar las lecciones adecuadas de los errores cometidos y seguir potenciando un modelo económico sin futuro y mantenido en beneficio casi exclusivo de esta peculiar oligarquía madrileña. La gravedad de la situación exige un cambio radical en la orientación de la política económica que implique ir a la construcción de un modelo bien diferente. La actual catástrofe tendría que tener repercusiones políticas, constitucionales e, incluso, en las actitudes y mentalidades colectivas, nos dice Maluquer. Y parece evidente, añado yo, que las fuerzas políticas gubernamentales –PSOE y PP–, que han provocado la crisis y que se han beneficiado de un sistema que propicia la corrupción, no están dispuestas a impulsar ningún cambio serio porque no admiten los errores cometidos. No será nada fácil, en un mundo globalizado, avanzar hacia un modelo diferente y que suponga un crecimiento económico sólido y una clara competitividad internacional sin sacrificar el Estado de bienestar. Si queremos salvar algunos muebles y cambiar de casa antes de que se nos caiga encima, necesitamos unos arquitectos y unos constructores bien diferentes de los que hemos tenido hasta ahora. Por eso, de cara a las próximas elecciones, hay que preguntarse: ¿se puede dar un voto de confianza a los partidos institucionales que nos han llevado a la peor crisis económica de los últimos dos siglos?
LA VANGUARDIA
