El 20-N, fecha en que el fascismo español rendía homenaje a su ídolo sanguinario, con canto de himnos fascistas incluido, un hombre antifranquista de nacionalidad rumana, Lagarder Danciu, portador de una pancarta que decía «Franco Asesino», ha sido impunemente apaleado por varios manifestantes en la plaza de Oriente, de Madrid, sin que la policía española practicara ninguna detención. Fue exactamente la misma paliza que recibieron los catalanes Jordi Mascort y Rafael Martín Faixó, el 25 de mayo de 2012 y el 16 de abril de 2014 en Madrid y Valencia, respectivamente, a manos de la misma policía, que les gritaba «¡catalán de mierda!», por exhibir una bandera durante la final de Copa del Rey de España. Y es que en España, llevar una pancarta que califica de asesino a un genocida, o llevar una bandera que reivindica el derecho de los pueblos a decidir su destino, son actos criminales que deben ser perseguidos con toda la violencia posible.
Por eso, mientras los fascistas se pueden manifestar reivindicando genocidas, los demócratas que ponen las urnas al servicio de la libertad de expresión son inhabilitados y criminalizados; y por ello, también, la reacción de la policía, al llevarse al ciudadano Lagarder Danciu, fue exactamente la misma que la de la policía, igualmente española, en Barcelona, que el 24 de enero de 2002 detuvo y apaleó al ciudadano de origen senegalés Mbaye Gaye por hablarles en catalán. En el primer caso, la policía dijo: «Y encima es rumano»; y en el segundo dijo: «¡Lo que faltaba, que un negro hable catalàn! ¡No me hables en esa lengua que aún me enciendo más!».
Hay personas de buena fe que creen que el 20 de noviembre de 1975, con la muerte de Franco, España enterró el franquismo , y que éste, por arte de magia, se volvió demócrata. ¡Santa inocencia! El franquismo no sólo no está muerto, sino que no ha dejado de controlar todos los organismos del Estado español, y la prueba es que sus miembros más destacados, además de no haber rendido cuentas por los crímenes que cometieron, siguen, aún hoy, bajo protección estatal para que ni siquiera en Argentina puedan ser juzgados. Esto permite que el PP se niegue a condenar el franquismo, que una concejal de su partido haga alabanzas públicamente del mismo, que el gobierno español condecore a nazis, que la derecha y la izquierda españolas subvencionen la Fundación Nacional Francisco Franco, que esta entidad, una de las más repugnantes del mundo, pida que Cataluña sea castigada con una reedición de los Hechos de Octubre, o que el vicepresidente de la citada Fundación, Jaime Alonso García, tenga el cinismo de decir que «de los 36.000 condenados a muerte, sólo fueron fusilados 23.000» y que quienes deberían pedir perdón no son los franquistas, sino sus víctimas por haber osado «luchar contra el sistema».
Pues bien, este es el Estado dentro del cual quieren sometida a Cataluña, este es el Estado dentro del cual la izquierda española, aquella que, diciéndose antifranquista, abraza, como ha abrazado siempre, la divisa máxima del franquismo, la «unidad de España», quiere que Cataluña quede cautiva y sumisa para toda la vida renunciando a sus derechos nacionales y a su libertad. Se entiende que el adelanto inexorable del proceso catalán tenga tan nervioso al Estado español. Para hacernos una idea, basta que imaginemos cómo estaríamos nosotros si nos tuviéramos que tragar algo que nos fuera imposible de digerir. Pronto, pues, será un buen momento para que nuestro vecino aproveche para redefinirse con precisión y busque para sí mismo un nombre más apropiado que el de «Estado español». Quizás «estado de shock».
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