Hace unos días, el cantante menorquín Cris Juanico -si uno no lo conoce, recomiendo vivamente su discografía- hizo pública la discriminación lingüística que sufrió en calidad de cliente por parte de la compañía naviera Baleària. Él, como es natural, se dirigió en catalán para tramitar la tarjeta de embarque, pero el personal de la empresa le dijo que no le entendía y le tildó de mal educado por faltarles el respeto no hablándoles en español, algo a lo que se negó porque en aquel lugar el catalán es lengua oficial. Ante esta negativa, los trabajadores requirieron la presencia de la policía española, que, según explica Juanico, «sí que me ha obligado a cambiar».
Como podemos ver, estamos ante un hecho inadmisible por dos motivos: el primero, porque, ciertamente, Juanico hablaba en la lengua oficial del país y los empleados de Baleària tienen la obligación de conocerla. Juanico, por lo tanto, a pesar de tener la ley a su favor, se encontró con que Baleària no sólo infringía la ley, sino que le abroncaba delante de todos por exigirles que la cumpliera; y el segundo, porque privar a alguien de hablar su lengua en su país constituye un acto de xenofobia -catalanofobia, en este caso- que no se puede admitir de ninguna manera y que debería ser denunciado jurídicamente a instancias europeas.
Los tres siglos de persecución de la lengua catalana y las diversas operaciones que se han diseñado, y que aún se diseñan, desde el Estado para hacerla desaparecer -en el País Valenciano, las Islas y la Franja saben un montón de esto último- hacen que muchos catalanohablantes casi se hayan acostumbrado a ello y que las agresiones, como la sufrida por Cris Juanico, sean conceptuadas como ‘una más de las muchas que sufrimos’. Hay que tener cuidado en este detalle, porque justamente lo que pretenden es que asumamos que la lengua española es la ‘normalidad’, y que ‘la excepcionalidad’ es la lengua catalana. En otras palabras, el mensaje subliminal que quieren que interioricemos es éste: la lengua catalana puede ser útil para hablar con la abuela, pero no para dirigirse a alguien situado detrás de un mostrador. Este un mensaje que ha calado tanto que son muchísimos los catalanes que, cada vez que se dirigen a alguien para preguntarle por una calle, lo hacen en español por miedo a no ser entendidos y no hablan en catalán hasta que el interpelado les responde en esta lengua. A menudo, sin embargo, como resulta que el interpelado también ha interiorizado el mismo mensaje, el diálogo ocurre en español sin que ninguno de los dos sea consciente de hasta qué punto su actitud quita razón de existir a la lengua catalana.
Todo ello hace que el goteo de discriminaciones contra el catalán sea una constante, como el caso de las dos madres de Teruel y Tenerife que, al decidir venir a vivir a Cataluña, han visto retirada la custodia de sus hijos por razones de lengua. La mayoría de las discriminaciones, sin embargo, pasan desapercibidas porque muchos de los catalanes que son víctimas prefieren callar y agachar la cabeza. Quiero decir que sólo llegan a la prensa las situaciones en que alguien se planta, como hizo Cris Juanico. En su caso, además, está el componente del nombre. Quiero decir que el hecho de que la persona discriminada sea conocida da más eco a la noticia. Huelga decir que Baleària, rápidamente, ha querido banalizar el incidente, como si todo fuera una necedad. Pero no lo es. Si Cris Juanico fuera italiano, francés o portugués, no habría habido ningún incidente. Baleària debe saber que sus empleados son imagen de empresa y que, además, tiene la obligación de exigirles el conocimiento del catalán para trabajar en las sedes donde esta lengua es oficial. Es Baleària quien debe hablar la lengua del ciudadano, y no el ciudadano, la lengua de los empleados que contrata Baleària.
Aparte de eso, hay un detalle del asunto que llama la atención. Me refiero a la intervención de la policía española. Juanico dice que la policía «sí que lo obliga a cambiar», haciéndole hablar en español. Juanico, naturalmente, es libre de hacer lo que quiera, pero hay que resaltar que la policía no tenía ningún derecho ni ningún poder para impedirle expresarse en catalán. Ninguno. Juanico, pues, podía haberse mantenido en catalán sin ningún problema. Era la policía, quien tenía la obligación de entenderle. Y si no le entendía, cosa improbable, tenía igualmente la obligación de pedir a Baleària que Juanico fuera atendido por alguien que hablara catalán. El deber de la policía de los estados democráticos, a diferencia de la de los estados totalitarios, es defender los derechos de los ciudadanos. Especialmente los de su país, que son los que le pagan el sueldo. Pero, bien mirado, quizás ya es normal que la policía española no defienda nuestros derechos. Parece que tiene bien claro que no somos españoles. Lo más sensato, por tanto, no es discutir. Basta con que, negándonos a cambiar de lengua, les abracemos y les demos las gracias.
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