Me temo que no tendrán éxito las gestiones hechas por el gobierno de Cataluña, para que las embajadas y consulados españoles faciliten el ejercicio del voto de los catalanes residentes en otros países, en las elecciones del 27-S. No lo tendrá por la sencilla razón de que los obstáculos existentes -que ya fueron bastante escandalosos en las elecciones anteriores, no son de naturaleza burocrática, sino política. Quiero decir que ojalá el problema se redujera a la mera necesidad de mejorar la praxis tercermundista de estas suntuosas oficinas. El verdadero problema es que la praxis es voluntariamente tercermundista por la determinación del Gobierno español de torpedear las elecciones catalanas por dos vías: la primera, desacreditarlas mediante una baja participación; y la segunda, rebajar en lo posible la victoria independentista. En resumen: tienen tan asumida la derrota, que lo único que se les ocurre es intentar endulzarLa impidiendo que la gente vote.
Hay que tener en cuenta que son cerca de 200.000 los catalanes esparcidos por el mundo, y que las denuncias llegan de todas partes. Los hay que narran situaciones que llegan al esperpento y que nos indican que el comportamiento de los funcionarios estatales con los catalanes es exactamente el mismo que en la época del régimen franquista. Este es el caso de la mujer catalana que explicó en ‘Cataluña Información’ cómo los funcionarios de la embajada española de Londres -una de las más caras del mundo- le hicieron repetir varias veces la frase «Cataluña es España», antes de darle la información que pedía. Aunque ya estuvo bien que no le hicieron levantar el brazo y gritar «¡Viva Franco! ¡Arriba España!».
En este sentido, las dificultades de 2015 son exactamente las mismas que las del 2012: dilatación del tiempo, falta de documentación pertinente e incluso comentarios despectivos, como que se trata de elecciones «autonómicas», elecciones sin importancia. Esta vez, además, han añadido el pretexto de las vacaciones, por lo que el hecho de que las elecciones coincidan con la época estival justificaría la inoperancia de las sedes diplomáticas españolas. Todos sabemos, sin embargo, que es justamente en esta época, cuando se concentra una mayor movilidad de personas y que es ahora, por tanto, cuando dichas sedes deben ofrecer más servicios. Lo cierto, sin embargo, es que la embajada de Londres no quiso atender este verano a unos catalanes que tenían problemas con sus billetes de vuelta y suerte tuvieron con la delegación de la Generalitat, que les atendió amablemente. De hecho, era ésta, y no la española, la «embajada» a la que debían haber acudido de antemano dichos turistas.
Pero para hacernos una idea de la corrupción política que implica que un gobierno estatal ponga todo tipo de obstáculos para impedir que una parte de sus ciudadanos pueda votar, basta imaginar el escándalo que se produciría si tal discriminación -estamos hablando de un delito gravísimo- tuviera lugar en Suiza, Alemania o Dinamarca. Pues bien, en España esta discriminación es norma. En el año 2012, sólo un 6,7% de los catalanes inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes pudo votar.
Por eso digo que el gobierno catalán no puede esperar que cuatro buenas palabras hagan que el Estado cambie de actitud. Tiene razón la consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, al decir que «todos los catalanes debemos poder votar con libertad y normalidad», pero hará falta mucho más que una petición del gobierno catalán al gobierno español para que esta normalidad sea posible. Estamos arreglados si esperamos que el verdugo nos haga de abogado defensor. Es necesario, por un lado, contactar personalmente con cada residente exterior para alentarlo, hacer que no se acobarde y facilitarle las cosas; y por otra, hay que presionar allí donde a España le hace más daño, que es ver sus chanchullos denunciados en la Unión Europea y recogidos por los medios de comunicación internacionales. Esto, que no lo soporta y le pone enfermo, probablemente no servirá para que cambie de actitud, porque el absolutismo, por definición, no cambia nunca, pero como mínimo el delito de manipular unas elecciones no le saldrá gratis.
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