Impedir o perder

El Gobierno cree haber descubierto una vena para debilitar el soberanismo y no para: tocar el bolsillo. La inquietud que provocó la advertencia sobre los riesgos patrimoniales que corrían los que se implicaran en el Proceso, obligando a Puigdemont a una doble remodelación del Gobierno, les ha abierto los ojos. Y ahora se trata de privilegiar esta línea, que alimenta un tópico de buena acogida en la opinión pública: el viejo mito de los catalanes y la ‘pela’. En esta línea, el gobierno español tomó el viernes una nueva iniciativa que tiene más de operación propagandística que de novedad. Por el hecho de recibir dinero del fondo de liquidez autonómica, las cuentas de la administración catalana están regularmente controladas por el ministerio de Hacienda. La noticia es que ahora se hará semanalmente para evitar que se escapen partidas hacia el referéndum. En caso de incumplimiento, el gobierno amenaza con retirar las aportaciones del FLA. Un paso más: la intimidación va directamente dirigida a la ciudadanía, porque si Cataluña quebrara perderíamos todos los catalanes. Pero en su obsesión con el soberanismo, el gobierno no parece haber tenido presente que una suspensión de pagos de Cataluña arrastraría a la deuda española y afectaría a todos los ciudadanos de España.

El argumento para justificar esta medida, esgrimido por el portavoz Méndez de Vigo, es que así se garantiza que «el dinero irá donde quieren todos los catalanes y no sólo unos pocos». La acomodación de la realidad a sus deseos es de delirio. Estos «pocos», en los cálculos más bajos, son un 40%. Y lo llaman «unos pocos». Negando lo que es evidente es imposible definir estrategias políticas dignas de este nombre. ¿O es que alguien cree que por el hecho de que se impida el referéndum este 40% se desvanecerá de repente?

Según el CEO, en términos globales el apoyo al soberanismo baja sensiblemente, al 41,2% de, y el rechazo a la independencia sube ligeramente, al 49,4%. Pero, al mismo tiempo, un 67,5% dice que están dispuestos a votar en un referéndum aunque sea unilateral y, de éstos, un 62,4% de votarían sí. Cruzando estos datos, la conclusión es clara: si el gobierno español hubiera tenido el coraje de aceptar el referéndum tendría todas las posibilidades de ganarlo. Ahora, prohibiéndose, sólo puede impedirlo o perderlo.

ARA