Horizontes próximos

A pesar de todas las limitaciones impuestas por el Estado en la votación participativa del 9-N, ha sido la primera vez en 300 años que los ciudadanos han votado sobre la independencia del país. Un hecho que ha reforzado el proceso político actual de Cataluña. Si fuera un partido de fútbol, ​​desde el 9-N el proceso de Cataluña va ganando por 1-0. El partido, sin embargo, continúa. Ahora entramos en una nueva etapa, quizás decisiva. Todo apunta a que se iniciará con la convocatoria de unas elecciones al Parlamento que los partidos favorables a la independencia podrán convertir en la decisión ciudadana que España impide hacer. Planteadas así, estas elecciones sustituirán el referéndum legal que otras democracias plurinacionales más civilizadas (Canadá, Reino Unido) han podido organizar legalmente.

Quizás algunos ciudadanos creen que desde el Estado se ofrecerá alguna propuesta de reforma constitucional que sea aceptable mayoritariamente en Cataluña. En todo caso, debería ser una propuesta que viniera de la mano conjunta de los principales partidos españoles. Si sólo la ofrece un partido representará un ejercicio más de fuegos artificiales retóricos. La iniciativa debería venir del Estado, no de Cataluña. Esta es una conclusión del fracaso de la reforma del Estatuto.

En este sentido, transcribo a continuación unas declaraciones de 1896 de Cánovas del Castillo, presidente del gobierno español de la época, en la que hablaba de la posible independencia de Cuba dos años antes de que se produjera:

“ ¿Nuestras relaciones con los Estados Unidos? Son excelentes; como con todas las demás naciones […] No quiero nada de conciliaciones, nada de medias tintas, ninguna transacción con los rebeldes […] Mientras esté en este sillón, mientras tenga la honra de presidir el Consejo de ministros, mi política se resumirá así. Ninguna fanfarronada ni temeridad: calma y firmeza en el interior; en el exterior ninguna confesión, ningún paso atrás, ninguna debilidad frente a quienquiera que sea. La razón y el derecho están con nosotros, y tenemos la voluntad inquebrantable de hacerlos triunfar […]He aquí mis pensamientos… y creo que el pueblo español no me perdonaría el que tuviera otros «( La Vanguardia , 21 de noviembre de 1896).

Hay cosas que no cambian (¡118 años después!).

Desde la perspectiva favorable a la independencia, una posible secuencia de la etapa que ahora iniciamos podría ser la siguiente: 1) elecciones al Parlamento con victoria de los partidos independentistas (mayoría absoluta de escaños); 2) formación de un gobierno, previsiblemente de coalición, con un programa de implementación de la independencia (internacionalización incluida); 3) establecimiento de las estructuras de estado necesarias para este objetivo; 4) proclamación de la independencia; 5) establecimiento de un proceso constituyente encabezado por los representantes políticos con inclusión de procedimientos de participación ciudadana (para más detalles remito al informe núm. 10 de la CATN: El proceso constituyente ).

Centrémonos en los dos primeros puntos.

1) Elecciones. Como sostenía en un artículo anterior, creo que hay dos criterios que los partidos políticos favorables a la independencia deberían tener presentes: a) la maximización del número de diputados en el próximo Parlamento, y b) mantener el actual liderazgo del presidente de la Generalitat. El primer criterio requiere un estudio previo -que hoy no está hecho- sobre los diversos escenarios electorales (listas conjuntas, listas separadas con puntos programáticos compartidos, inclusión de miembros de organizaciones civiles y de independientes, etc.). La cuestión de las listas es una decisión importante. Creo que hay que hacerlas a partir de una información rigurosa. Los análisis politológicos estándar aconsejarían listas separadas, pero en este caso no conocemos la cuantificación previsible de los efectos dinámicos (centrífugos y centrípetos) de una lista conjunta. El segundo criterio, el mantenimiento del actual presidente de la Generalitat, se basa tanto en cuestiones de política interna -los efectos de un cambio de liderazgo son bastante imprevisibles- como en cuestiones de política internacional -no se entendería nada un cambio de liderazgo a medio partido.

Estos dos criterios pueden parecer parcialmente contradictorios, pero no necesariamente lo son. Creo que, antes de las elecciones, especialmente CDC y ERC deberían pactar cuatro puntos fundamentales: a) la composición del nuevo gobierno -al menos parcialmente- en caso de ganar las elecciones (abierto a otras formaciones independentistas); b) los objetivos de gobierno -distinguiendo lo es prioritario y lo que lo es menos; c) las principales decisiones estratégicas y procedimentales; y d) el calendario (revisable según los acontecimientos).

2) El nuevo gobierno. Debería ser un gobierno fuerte, con personas indiscutibles en términos políticos y profesionales y con experiencia internacional en su campo. De hecho, la internacionalización debería ser uno de los componentes prioritarios del nuevo gobierno. Se han hecho cosas, pero ahora hay más amplitud y más intensidad. El establecimiento de una consejería de Exteriores parece una idea recomendable.

Junto a las decisiones y la gestión cotidiana, los dos retos más importantes del nuevo gobierno serán el establecimiento de las estructuras de Estado que permitan la proclamación de la independencia y la gestión del tiempo del proceso, es decir, la decisión del momento más adecuado para proceder a la proclamación. Será el momento de la desconexión de la legalidad y de las instituciones españolas. Hay que estar preparados. Son tareas complejas que requieren equilibrios y que deberán realizarse aún dentro de una legalidad hostil y de las habituales restricciones presupuestarias y de ahogo económico del gobierno central. (¿La querella de la fiscalía? Veremos qué dice el TSJC. De momento, ni caso.)

Vivimos tiempos extraordinarios. El país necesita y la mayoría de la ciudadanía espera que los partidos estén a la altura de los retos actuales. Es el momento de las complicidades, la generosidad, la profesionalidad y los acuerdos de confianza. Hay que ir a buen ritmo, pero sin precipitaciones que puedan hipotecar la principal finalidad del proceso: la libertad del país para construir una democracia y un Estado de derecho de calidad, y para poder decidir sus interdependencias en un mundo globalizado.
ARA