Navarra ante el futuro

No creo que nadie dude que España, como Europa, se encuentra en crisis. Crisis económica, política y territorial. En lo económico, nos encontramos con una deuda equivalente al 100 por cien del PIB, con 3,7 millones de parados y con nuestros jóvenes saliendo al extranjero porque aquí no encuentran trabajo.

En lo político, constituye evidente prueba de la crisis la incapacidad durante un año para formar gobierno y la solución ha consistido en mantener en el gobierno a un partido rodeado de corrupción; en el descalabro, por méritos propios, del principal partido de la oposición y en la aparición de un nuevo partido de izquierdas que, sin todavía terminar de configurarse, ya comienza a presentar las tensiones de los partidos clásicos.

En lo territorial es evidente la influencia de la situación de Cataluña en la general del Estado, cuyo modelo autonómico cerró en falso en 1978 un problema, quizá de la única manera posible en aquellos años; pero que, probablemente, ya no sirva en la actualidad.

Quiero centrarme en el aspecto territorial, ya que su resolución ha de afectar a nuestra Comunidad. Los denominados problemas vasco y catalán han constituido una constante en los últimos decenios de la historia y, en los últimos meses, ha despertado con más virulencia el catalán, hasta entonces en estado de letargo.

Es probable que en la actual legislatura se intente solucionar la cuestión territorial y se produzca una modificación del actual estatus. Las posiciones, como es lógico, son variadas y, al menos en teoría, podrían ir desde un mayor centralismo y la desaparición de las autonomías, pasando por un nuevo estado federal, hasta la desaparición del actual estado y el surgimiento de nuevos estados.

En cualquiera de estos escenarios, la situación de Navarra se vería esencialmente afectada. En el primer caso, no podemos olvidar la corriente que mantiene la existencia de lo que denominan “los privilegios forales” y su necesaria desaparición, podría darse una unificación a la baja de todas las autonomías, que para Navarra supondría la pérdida de los derechos históricos y la transformación en una provincia más del Estado.

En el segundo caso, propiciado por el socialismo catalán y con posibilidades de que pueda ser impulsado por el PSOE, habría que ver qué modelo de federalismo se adoptaría, pero indudablemente pondría en riesgo la singularidad del sistema de Convenio, ante su posible extensión a los territorios que se federen. Aunque podría construirse un federalismo asimétrico, para Navarra representaría un significativo cambio y, probablemente, dependeríamos de lo que se decida en otras instancias para otros territorios.

Si se diera el hipotético y actualmente difícil tercer caso, no es necesario explicar que la situación actual de Navarra se vería muy afectada y habría que optar entre constituirnos como un “estado”, mantener ¿los actuales vínculos? con España o formar un “estado” con los territorios vascos.

No sé cuál será la solución a la cuestión territorial, pero lo que sí tengo claro es que ha de afectar a Navarra y debemos estar preparados.

Probablemente, algunos piensen que exagero, pero en la historia hay situaciones o problemas que se alargan en el tiempo y otros, o a veces los mismos, que se desarrollan a toda velocidad.

¿Quién podría pensar hace cinco o diez años que el desencadenante de la cuestión territorial viniera de Cataluña antes que de Euskadi? ¿Quién hubiera pensado hace cinco años que la mitad de la población catalana puede estar optando por la independencia? ¿Y qué decir del brexit o de la elección de Trump.

Sería conveniente que cada ciudadano, cada organización económica, social, etcétera, y los partidos fueran pensando en estas posibilidades y, si es posible, aunando criterios, así como que los navarros pudiéramos participar y decidir en la construcción de nuestro futuro.

No puedo olvidar que habitamos en un territorio que cuenta con un gran peso histórico; con instituciones propias que se han mantenido hasta la actualidad, pero somos únicamente 640.000 habitantes.

Porque como se recogía, allá por 1952, en defensa del Régimen Foral: “Nuestro régimen foral, como ha podido adivinarse por lo dicho hasta aquí, tiene unas raíces histórico jurídicas sobre las que hay que ahondar. Y su ejercicio, no consiste solo, no debe consistir solo, en un caminar rutinario por la senda de la diaria administración provincial y municipal; ello es, a la larga, la muerte segura. Porque esa función meramente administrativa al día, en su sentido estricto, recibe indefectiblemente los encontronazos con la vida y con las necesidades modernas, y, a la vez, los empujones de las normas administrativas del Estado que se va actualizando cada hora, poniendo con ello y por contraste en “berlina” nuestro régimen y dando lugar a “adaptaciones” que son, fatalmente, sus mermas constantes”.

Y es que parecen actuales las palabras del que fuera ministro por la CEDA, en el periodo 1934- 1935, Rafael Aizpún Santafé.

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